EN EL CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno aprueba unas cuentas prorrogadas para remitirlas a Bruselas a la espera de formar Gobierno
Es una actualización de las cuentas de 2016 conforme al último cuadro macroeconómico, sin cambios de política económica, lo que dejaría el déficit en 2017 en el entorno del 3,6% del PIB.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que el plan presupuestario para la Comisión Europea incluye la "advertencia" de que será el próximo Gobierno el que tendrá que aprobar unos presupuestos para 2017 con las medidas necesarias para poder cumplir con el objetivo comprometido del 3,1% del PIB.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha hecho cálculos al respecto y, aunque no ha querido revelar la cifra exacta, ha explicado esta semana en Luxemburgo que el próximo Gobierno tendrá que hacer un esfuerzo presupuestario del 0,5% del PIB para lograr la meta fijada en el 3,1%, según los cálculos que hizo la propia Comisión Europea en julio.
Conforme a esta estimación, el déficit público previsto por el Ejecutivo para el próximo año -en ausencia de medidas económicas- se situaría en el entorno del 3,6% del PIB, lo que implica que el próximo Gobierno tendrá que hacer ajustes fiscales por un importe superior a 5.000 millones de euros para poder cumplir el 3,1%. De esta forma, el Gobierno en funciones fía al crecimiento económico (2,3% para 2017) la mayor parte de la corrección del déficit esperada para el año que viene, alrededor de un punto de PIB.
El ajuste de más de 5.000 millones vendrá reflejado en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, que el Gobierno podría aprobar antes de que acabe el año si Mariano Rajoy es investido presidente antes de que acabe octubre, según ha avanzado también De Guindos esta semana.
Veto a la OPA sobre Talgo
El futuro de Talgo, en el aire a la espera de nuevos inversores ante la posible salida de Trilantic
El Gobierno se apoya en razones de seguridad nacional para vetar la venta de Talgo a la compañía húngara Magyar Vagon. En informes del CNI, se alerta de las conexiones de la empresa con Rusia, un motivo de peso para el Ejecutivo.