Negociación por los ERTE
El Gobierno propone prorrogar los ERTE hasta el 31 de enero
Según ha informado UGT, las empresas tendrían que volver a solicitar los ERTE y las prestaciones de los trabajadores antes del 10 de octubre.
El Gobierno ha propuesto prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2022, teniendo que ser solicitados de nuevo por parte de las empresas y debiendo recibir la aprobación de la administración. En caso de silencio administrativo, el ERTE decaería.
UGT ha informado este martes de que en la reunión de esta tarde de los agentes sociales con el Gobierno para abordar la prórroga de los ERTE, el Ejecutivo ha presentado una propuesta por la que los expedientes se extenderían hasta el 31 de enero de 2022.
Si bien, esta no sería una prórroga automática, sino que las empresas deberán volver a solicitar los ERTE y las prestaciones correspondientes de los trabajadores antes del 10 de octubre. La administración dispondrá de diez días para resolver esas solicitudes y en caso de no hacerlo, el ERTE decaería.
Desde UGT han destacado este punto, de silencio negativo por parte de la administración, ha generado "mucha polémica" y "confusión" con la prórroga automática del ERTE que "deberá producirse en el momento de la solicitud".
En lo que respecta a las exoneraciones de cotización a la Seguridad Social, según UGT, se ha propuesto unificarlas manteniendo el 100% para los ERTE de impedimento, y el 50% y 40% para los ERTE de limitación, en función de si las empresas tienen menos de 50 trabajadores o más, respectivamente.
El actual esquema de exoneraciones, vigente desde junio hasta septiembre, recoge para los ERTE de limitación exoneraciones entre el 85% y el 65%, decrecientes a lo largo del verano y más altas para las empresas con menos de 50 trabajadores.
El mantenimiento de las exoneraciones estará vinculado a que las empresas formen a los trabajadores afectados. Las acciones formativas deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022. Este punto ha generado "dudas" sobre su aplicación, ejecución y financiación, según UGT.
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