El Gobierno pide a los expertos una nueva cifra para llevar el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio

El Gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de cara a 2023. Es el último año de legislatura y el objetivo está claro: llevarlo al 60% del sueldo medio. El Ejecutivo lo va a hacer no solamente porque se comprometiera a ello sino porque, además, se avecinan tres importantes convocatorias electorales -municipales, autonómicas y generales a final de año- y es un caramelo vender este logro en campaña.

Ahora bien, la cuestión está en el cuánto. El Ministerio de Trabajo que comanda la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ya encargó a la Comisión Asesora para el Análisis del SMI que diseñara una senda hasta el final de la legislatura para conseguirlo. El resultado fue que en 2023 las paga mínima tendría que ascender al entorno de los 1.049 euros. Pero eso fue antes del estallido de la guerra en Ucrania y la crisis energética que ha disparado la inflación hasta tasas récord de dos dígitos.

Ahora, la vicepresidenta ha reunido a los expertos con el objetivo de definir cuánto es el 60% del salario medio en este contexto de carestía y no ha cerrado la puerta a llevarlo más allá, si fuera necesario. Los sindicatos reclaman que el ascenso sea del 10%, similar a la inflación, hasta los 1.100 euros. Y los empresarios, como ya hicieron en la subida de febrero, argumentan que no es el momento de añadir más costes a la maltrecha economía.

Según ha anunciado la vicepresidenta Díaz, el Ministerio de Trabajo ha encargado a los expertos que, en el plazo de dos meses, presenten un informe para actualizar las bases de cara a calcular ese porcentaje del sueldo medio: "Toda vez que nos encontramos en 2022, y vamos a hablar del SMI para 2023, (hemos pedido) que actualicen esos salarios para la fecha en la que nos encontramos".

Si bien la subida del SMI ha sido un tira y afloja constante en el seno de la coalición, con las dos almas representadas en las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y la propia Díaz, el problema ahora no es revalorizar la renta. El problema es si la cifra de 1.049 euros por paga se ha quedado obsoleta. Por eso ha reunido a los expertos: para que elaboren un nuevo informe, con una base diferente -los 1.049 son sobre la media de 2018-, y que coincida con la publicación del IPC medio del año en torno a noviembre.

"Estamos en momentos difíciles, excepcionales, hay bastantes países que han decidido cuál es el incremento del SMI", ha reconocido Díaz este viernes, señalando que Alemania lo ha hecho en un 15%, Francia lo ha incrementado ya en tres ocasiones debido al alto nivel de inflación, y otras naciones como Bélgica o Países Bajos también lo están incrementando en valores por encima del 10%.

Desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de La Moncloa en junio de 2018, el SMI ha aumentado en un 35% su cuantía. Un asunto que ha servido como baza electoral pero que añade más tensión a las relaciones con los empresarios. La CEOE ya ha avanzado que se opone a la subida: no es el momento, aseguran. Pero fijar el salario mínimo es una competencia exclusiva del Gobierno y puede hacerlo llegando a acuerdos o no con ambas partes. La subida anterior, aprobada justo después de la reforma laboral y pocas semanas antes de la invasión rusa de Ucrania, se hizo sin el concurso de la patronal. Tampoco era el momento entonces, en plena recuperación pospandémica.

Más presión sobre la patronal

La reunión de Díaz con los técnicos del SMI, una estrategia para justificar sobre la base de los expertos esta subida, añade más presión además sobre la patronal para subir los salarios. Esta semana la vicepresidenta insistió en que la patronal ha de ser "responsable" y sentarse de nuevo con los sindicatos para pactar un nuevo Acuerdo sobre la Negociación Colectiva (ANC), la guía para revalorizar las nóminas por convenio en nuestro país. Ahí el Ejecutivo no cuenta con margen, a diferencia de la decisión sobre el sueldo mínimo, pero ministros de ambas alas han coincidido -con mayor o menor reproche a la patronal- en que es necesario aumentar las rentas con la inflación por encima del 10%.

"Estamos pidiendo a las partes un acuerdo de rentas y de márgenes empresariales", sostuvo ayer mismo el presidente del Gobierno en una entrevista en la Cadena SER. El jefe del Ejecutivo pidió a la patronal que, igual que está haciendo el Gobierno, "tiene que poner también de su parte para dar certidumbre" a los trabajadores. También sobre incertidumbre, aunque con un discurso más duro que ha apoyado posibles movilizaciones sindicales contra la patronal, ha hablado la ministra de Trabajo para defender las subidas salariales.

"Lo que tensiona a la sociedad española es no solo no poder llegar a fin de mes, sino tener una pérdida de poder adquisitiva como hoy 17 millones de asalariados están teniendo en nuestro país", ha deplorado la vicepresidenta en su comparecencia tras la reunión con los expertos. "Sean capaces de llegar a un acuerdo salarial -ha pedido a la CEOE-. Los sindicatos en nuestro país están defendiendo el interés general, todos ustedes están teniendo una pérdida de poder adquisitivo".

El estudio de los expertos sobre el SMI será el primer paso. La prerrogativa gubernamental obliga a consultar a los agentes sociales, con los trabajadores alertando de un otoño caliente y la patronal a las puertas de un congreso para renovar su liderazgo. Una vez el Ejecutivo estudie los cuatro parámetros obligatorios -la inflación, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación de los salarios en la renta nacional y la coyuntura económica general-, la decisión será únicamente de Sánchez y Díaz.