La nueva financiación daría a las comunidades casi 21.000 millones más en 2027 aunque es difícil que vea la luz

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha desvelado los detalles de la propuesta del Gobierno para la nueva financiación autonómica. El nuevo modelo de financiación autonómica, pendiente desde 2014, repostará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente.

La mayor inyección de recursos se llevaría a cabo incrementando el porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF del 50% al 55% y del IVA del 50% al 56,5%, por lo que se aumentarían en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

Además, se incorporan a la cesta de tributos cedidos el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que ahora formarán parte del reparto del sistema.

Esta rueda de prensa se ha producido un día después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del ERC, Oriol Junqueras, se reunieran este jueves en el Palacio de La Moncloa y anunciaran un acuerdo para la financiación de Cataluña.

Según Montero, la complejidad radica en que este modelo de financiación tiene que ser útil y adaptarse a comunidades autónomas que son muy distintas entre sí. "Por tanto, no puede existir un modelo a medida para una comunidad autónoma, sino que se establece un sistema que se adapta y da respuesta a las realidades dispares de la España autonómica", ha remarcado hoy la ministra.

Montero asegura que no existe el principio de ordinalidad sino que es "una casualidad"

La ministra Montero ha asegurado que el nuevo modelo respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, tal como afirmó en la víspera Junqueras, aunque no se cumple con otras comunidades autónomas. Este principio indica que las comunidades que aportan más recursos al sistema común son también las que más reciben y quedará garantizado en el caso de Cataluña.

"La construcción del modelo tiende al principio de ordinalidad, pero depende de cada comunidad autónoma que ese principio esté presente o no", ha señalado la ministra que indica que el resultado de lo que aportan respecto a lo que reciben "no es homogéneo" para todas las CCAA.

En ese sentido ha explicado que en el momento en que una comunidad decide mantener el 'statu quo', un mecanismo para mantener el volumen de recursos del actual sistema para no salir perjudicado en el nuevo reparto, "se altera el principio de ordinalidad".

"El sistema tiende al principio de ordinalidad, lo que dijo el señor Junqueras para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma", ha indicado en referencia a las declaraciones del líder independentista después de reunirse con el presidente Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha apostillado, no se conserva el principio de ordinalidad entre comunidades como Cantabria y Madrid porque la financiación por habitante ajustado de la primera es "superior" a la segunda y si se siguiese esta regla sería al revés.

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

Montero presentará esta nueva propuesta de modelo a las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado para el miércoles de la próxima semana, para después iniciar una serie de reuniones bilaterales con las regiones para dar "mayor detalle" del modelo. Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde en estos momentos es muy difícil que el Gobierno obtenga los apoyos necesarios para sacarlo adelante.

Recaudación en tiempo real y gestión en red

Otra de las novedades propuestas por Montero pasa por dar la posibilidad a las comunidades autónomas de salir del actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Este sistema de "caja común" permitiría que las regiones recibieran los ingresos de IRPF e IVA "cada mes", igual que el Estado, una opción voluntaria, aunque quienes la elijan tienen que permanecer en ella por un periodo mínimo de cinco años. Además, para aquellas que se mantengan en el sistema de entregas a cuenta, Hacienda pretende abordar la posibilidad de avanzar hacia una fórmula "más ágil" y transparente de abordar las liquidaciones, para que el dinero llegue antes a la economía.

Como complemento a la reforma del sistema, Montero ha planteado su "voluntad" de avanzar hacia un nuevo modelo de gestión tributaria "en red", de manera que las agencias tributarias estatal y autonómicas trabajen de manera conjunta, lo que mejoraría la lucha contra el fraude y facilitaría la cesión de competencias a las regiones que lo deseen.

En paralelo, el Gobierno pretende ampliar las competencias normativas de las comunidades autónomas, aunque con un "límite" para evitar un eventual 'dumping fiscal' (competencia a la baja) que deje sin efecto algunas figuras tributarias, como pasó con el impuesto de patrimonio. En ese sentido, ha apuntado que el impuesto sobre las grandes fortunas, que obligaba a tributar a los grandes patrimonios allí donde no se aplicaba el impuesto de patrimonio, "marca la línea y el camino".

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