Estafa agravada, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
Los hermanos Ruiz-Mateos culpan a su padre de la estafa en Nueva Rumasa y piden la nulidad de las pruebas
La Fiscalía, sin embargo, aseguró que los acusados trabajaron “durante varios años en la dirección del Grupo Nueva Rumasa” y que tenían poder de decisión en sus ámbitos de actuación.
Seis hijos de Ruiz-Mateos se sientan en el banquillo por el caso Nueva Rumasa y su representación legal ha achacado al patriarca del clan ya fallecido, José María Ruiz-Mateos, la responsabilidad de las acciones que criminaliza la Fiscalía Anticorrupción en relación con Nueva Rumasa. Además, han pedido anular gran parte de los hechos por los que se les sienta en el banquillo.
La Fiscalía, sin embargo, aseguró que los acusados trabajaron “durante varios años en la dirección del Grupo Nueva Rumasa” y que tenían poder de decisión en sus ámbitos de actuación y, aunque la dirección de las empresas estaba en manos de José María Ruiz-Mateos, “eran recíprocamente aceptadas por todos”.
La defensa de los Ruiz-Mateos pidió la nulidad de varias pruebas argumentando de se obtuvieron a partir de la declaración realizada por el que fuera abogado de su padre Joaquín Yvancos que, a su juicio, incurrió en un delito de revelación de secretos y de deslealtad profesional, porque en ese momento defendía al patriarca de la familia.
Se sientan en el banquillo los seis hijos varones de Ruiz-Mateos y otras nueve personas entre las que hay trabajadores y colaboradores de la compañía, que afrontan una acusación de Anticorrupción por estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la emisión de pagarés entre 2009 y 200.
En este sentido, la Fiscalía pide como máximo 16 años de cárcel para cada uno, a lo que habría que sumar una fianza de casi 500 millones de euros. Por su parte, la acusación particular que representa a más de 1.400 perjudicados, solicita un total de 171 millones.
Se juzga el sistema de pagarés de Nueva Rumasa articulado por José María Ruiz-Mateos que le permitió obtener 337 millones de euros provinientes de 4.100 particulares. La empresa nunca devolvió 289 millones y la Fiscalía cree que esos fondos “fueron redirigidos a una caja única en una sucursal del Banco Etcheverría en Madrid”, accesible para los acusados.