Intervenidos 400 inmuebles y 440.000 euros en la operación "Caballo de Troya"

La operación contra el blanqueo de capitales "Caballo de Troya", en la que se han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos, fue ordenada por el Juzgado número 2 de Santiago de Compostela.

Esta operación deriva de la "operación crucero", en la que fueron detenidos en diciembre el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el empresario Ángel De Cabo, acusado de comprar viajes Marsans al otro empresario para ocultar sus bienes a los acreedores.

De Cabo, a pesar de encontrarse ya en prisión, por ser detenido por estos hechos es, según la Policía, el principal responsable de este entramado. Supuestamente manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.

El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.

Tenían su sede en Valencia aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España. De hecho, las detenciones fueron se llevaron a cabo en las provincias de A Coruña, León y Valencia, y en Madrid. En estos lugares fueron intervenidos durante los registros, 440.000 euros -en efectivo, pagarés y cheques-, gran cantidad de documentación, un revólver con munición y varios ordenadores.

Los investigadores centraron sus sospechas en las actividades de este grupo organizado, gracias a la detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela por el simbólico precio de 2 euros.

Este grupo organizado compraban empresas con importantes problemas económicos, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.

Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en complot con los antiguos, adoptaban decisiones para evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa.

De este modo, evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores.