Jueces y expertos fiscales exigen al Tribunal Supremo que no cree incertidumbre con los impuestos de las hipotecas

El presidente de la Sala del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, no fue informado de la llegada del recurso que dio origen a la sentencia y se enteró por la prensa de la resolución.

Dado que una sentencia así puede acarrear un "giro radical" en la jurisprudencia y una "enorme repercusión económica y social", tal y como ha dicho el propio Díez-Picazo, éste ha tomado la decisión de que sea el Pleno el que estudie el próximo recurso de este tipo que llegue al Supremo y así decidir si confirma la jurisprudencia dictada o vuelve a la jurisdisprudencia anterior.

En una sentencia cuyo ponente fue el magistrado Jesús Cudero, el alto tribunal estableció que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria y no los clientes.

Esta decisión anulaba un artículo del reglamento del impuesto (que establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto) por ser contrario a la ley. En concreto, se trata del artículo 68.2 de dicho reglamento, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo.

Al mismo tiempo, implicaba la modificación de su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que dictaminó que son los clientes quienes debían pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la constitución de hipotecas, de acuerdo con lo acordado por el Pleno de la Sala Primera del alto tribunal, que dio la razón a los bancos.

Tras conocerse ayer la sentencia, los seis bancos del Ibex 35 llegaron a perder cerca de 5.500 millones de euros de capitalización bursátil en una sola jornada. Este viernes, aunque más calmados, continuaban liderando las pérdidas del selectivo.

El hecho de que sea el banco el que debe abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de una hipoteca, así como el posible carácter retroactivo de la decisión, podría lastrar las cuentas de las entidades financieras.

La responsabilidad del pago de este impuesto podría tener un coste superior a los 4.000 millones de euros, según cálculos realizados por la firma de calificación crediticia Moody's, que incluso calificaba este dictamen de más agresivo que el de las cláusulas suelo.