TIENE QUE CUBRIR UNA FIANZA DE CASI 30 MILLONES DE EUROS
La juez Alaya amplía el embargo de propiedades de Magdalena Álvarez
El juzgado de los ERE embarga a la exconsejera andaluza una vivienda, una plaza de aparcamiento y un trastero. Estas propiedades se suman a los seis inmuebles y las cinco cuentas corrientes que la magistrada ya embargó a Álvarez el pasado mes de mayo. Tras su imputación por el caso de los ERE, Magdalena Álvarez debe cubrir una fianza de casi 30 millones de euros.
La jueza Alaya ha decretado ampliar el embargo de bienes propiedad de la exministra de fomento y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, debido a la insuficiencia de los ya trabados para cubrir su fianza civil de 29,5 millones de euros.
El juzgado, a través de un decreto, ha informado de que ha procedido a la averiguación de bienes a través del Punto Neutro Judicial dado que los bienes embargados hasta ahora no son suficientes para cubrir la fianza.
El Registro de la Propiedad de Madrid ha informado al juzgado de que dos fincas reseñadas pertenecen a Magdalena Álvarez en una proporción diferente a la indicada por la interesada, por lo que la secretaria judicial procede a embargar los bienes en el porcentaje indicado por el registrador de la propiedad.
Asimismo, la secretaria ordena una mejora del embargo sobre bienes de Magdalena Álvarez. En concreto, sobre una vivienda en Playa del Moral de Estepona, en Málaga, y el 50% de una plaza de aparcamiento y trastero en la calle Torneo de Sevilla.
Además se amplía el embargo a 75 enteros por ciento del pleno dominio de una vivienda en la calle Cea Bermúdez de Madrid y 75 enteros por ciento de una participación indivisa del 0,91% del pleno dominio de un local comercial en esa misma calle de Madrid.
Por su parte, el abogado tiene recurrida ante la Audiencia de Sevilla la fianza civil porque considera que tal cantidad se basa en prejuicios y en suponer una "confabulación masiva" de todo el gobierno andaluz.
La Sección Séptima de la Audiencia va a deliberar sobre este recurso a finales de julio, proceso que, sin embargo, no paraliza la obligación de pago, pues en otro se ha llevado a cabo ya con buena parte de los 199 imputados por los ERE.