PIDEN AL GOBIERNO QUE SALGA "DE SU POSICIÓN CERRADA" Y VUELVA A NEGOCIAR
Los estibadores desconvocan las dos primeras jornadas de huelgas previstas
Los sindicatos lo han anunciado en un comunicado en el que el portavoz de la Confederación de Trabajadores del Mar, Antolín Goya anuncia que desconvocan las dos primeras jornadas de paros, pero no dicen nada de los próximos. Los estibadores dicen que toman esta decisión porque el Gobierno se ha quedado sin apoyos para sacar adelante el decreto de reforma de la estiba.
Los sindicatos de estibadores han suspendido las dos primeras jornadas de huelga previstas para los días 6 y 8 de marzo, tras la negativa del PSOE y del resto de los grupos políticos de convalidar en el Congreso el real decreto ley aprobado por el Gobierno.
La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario de estibadores, ha explicado en un comunicado que la negativa del PSOE y del resto de grupos políticos "abre la posibilidad de una nueva mesa de negociación real para la consecución de una reforma del modelo de estiba de manera consensuada".
Los sindicatos convocantes de las nueve jornadas de paros parciales en días alternos entre los próximos 6 y 24 de marzo, Coordinadora, UGT, CCOO, CIG y CGT consideran que la oposición del PSOE "abre una nueva oportunidad para el diálogo y la negociación", exigida también por el resto de grupos políticos: Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, IU, EAJ-PNV, ERC, PdCat, Compromís y Coalición Canaria.
Las organizaciones sindicales han acordado suspender las convocatorias de huelga preavisadas para los días señalados, con la intención de que un clima de normalización laboral "anime al Ministerio de Fomento a salir de su cerrada posición e invite a la negociación real, mediante la constitución de una mesa de diálogo sobre la modificación del decreto ley presentado por el Gobierno para su convalidación".
Según los sindicatos, la normativa que propone el Gobierno "desvanece cualquier posibilidad de acuerdo con las empresas", ya que ofrece a los grupos financieros y especuladores internacionales, máximos accionistas y propietarios de las terminales en todos los puertos españoles, la oportunidad de deshacerse de sus trabajadores a cuenta del erario público, así como de precarizar el empleo y las condiciones de trabajo.