UN MODELO EN PRO DE LA PRECARIEDAD
Los falsos autónomos pueden recuperar las cotizaciones de los últimos cuatro años si ganan la batalla judicial a sus empresas
Las empresas que tenganfalsos autónomos podrán ser multadas con hasta 10.000 euros por cada trabajador, como explica el vídeo. El Gobierno acaba de aumentar las sanciones a las empresas para intentar acabar con estas irregularidades. Pero los sindicatos temen que ahora las empresas conviertan a sus trabajadores asalariados en autónomos para ahorrarse dinero. El Gobierno dice que también lo controlarán.
Los falsos autónomos tienen los días contados. A partir de 2019, el Gobierno sancionará hasta con 10.000 euros por trabajador a aquellas empresas que los contraten para ahorrarse las cotizaciones a la Seguridad Social. Carlos Gutiérrez, secretario general de nuevas realidades del trabajo de Comisiones Obreras, explica que "les contratan como autónomos cuando hacen el trabajo de un asalariado".
Si tiene un horario fijo, le organizan los días de vacaciones, los clientes los selecciona su empresa, o acuden siempre al mismo puesto de trabajo, usted podría ser un falso autónomo.
Si es así, pueden ir a la inspección de trabajo o ir a la vía judicial. Si ganan, pueden recuperar las cotizaciones de los últimos cuatro años.
"En caso de que se rompa el contrato, va a tener derecho a una indemnización", afirma Francisco Crespo, socio cofundador de Magnum Abogados.
Una resolución de inspección de trabajo en Valencia considera que los repartidores de Glovo son falsos autónomos. Daniel Patiño, responsable de Acción Sindical de CCOO de la Comunidad Valenciana, sostiene que están "en contra de ese modelo donde la precariedad es absoluta".
Además, con los cambios aprobados por el Gobierno, por primera vez la base mínima de cotizaciones será inferior a la del asalariado. Los sindicatos temen que este cambio tiente a las empresas a convertir en falsos autónomos a sus trabajadores.
"Existen estudios que hablan de hasta 200.000 falsos autónomos, supone un fraude a la seguridad social de más de 500 millones de euros", añade Gutiérrez.
Recuerdan, este modelo económico que han puesto en práctica las nuevas start up de reparto es insostenible porque, aseguran, no respeta los derechos laborales.
El Gobierno se ha comprometido
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