¿Lucha antifraude o chivatazo?

La última propuesta del Gobierno es promover el chivatazo para dar con los defraudadores. Ha puesto a disposición del ciudadanos un buzón para denunciar de forma anónima a quien esté cometiendo fraude laboral.

La ministra Fátima Báñez tenía una tarea encomendada: la lucha contra el fraude en el empleo irregular y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social. Por eso el 30 de abril, con la detención de 145 personas por fraude en las prestaciones por desempleo, firmó un acuerdo con Jorge Fernández Díaz.

Pero ahora la ministra da un paso más allá. En una carta abierta a los medios, recalca que la lucha contra el fraude no solo es cosa de su Ministerio, sino de todos.

"Ante una situación que menoscaba los derechos de los trabajadores, provoca competencia desleal hacia los empresarios y pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema de Pensiones, hay que actuar con la mayor contundencia", reza la carta.

Con contundencia, porque en un año y medio se han descubierto 130.512 empleos irregulares. La cifra es más llamativa si hablamos de la lucha contra el cobro indebido del paro. En año y medio, el Ministerio de Empleo lleva ahorrdo 3.160 millones de euros.

Ahora piden la colaboración ciudadana mediante un buzón de denuncias. Basta con localizar la empresa, cumplimentar sus datos y redactar una breve descripción del fraude. Una denuncia completamente anónima.

Algunos ciudadanos sí denunciarían. "Si hiciera falta, pues sí, porque con el paro que hay si se trabaja mucho en negro el país no sale adelante", afirma un hombre.

Otros ciudadanos, por su parte, dicen que utilizarían el buzón dependiendo de los casos y situaciones ya que, dicen, muchos trabajan en B para poder sobrevivir.

"Hay mucha gente que trabaja en B para poder subsistir", dice un hombre. "Tendría que ayudarles con mi silencio, porque es una persona necesitada", admite una mujer.

"Si tu tienes tus pagos y tus hipotecas, tendrás que buscarte la vida como sea", justifica un hombre. En lo que va de año, empleo ha retirado la prestación por fraude o irregularidades a 60.000 personas.