El PSOE propone expropiar viviendas vacías

Según ha señalado a los medios la diputada socialista Leire Iglesias, su grupo considera que la propuesta andaluza es "jurídicamente correcta, políticamente valiente y justa", y considera que debe incorporarse a la normativa nacional. Las propuestas socialistas asumen los presupuestos de la Junta respecto a la función social de la vivienda y el procedimiento de expropiación forzosa por cuestiones de interés social.

Asimismo, incluyen el registro de viviendas deshabitadas y la implantación de un régimen sancionador para aquellas que estén vacías establecido por el Gobierno de José Antonio Griñán.

Por otro lado, piden recuperar el texto de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y paralización de desahucios para poder debatirlo tal y como lo admitió el Pleno de la Cámara el pasado mes de febrero.

Leire Iglesias ha señalado que la unificación de los dos proyectos de ley que abordan el tema de los desahucios decidida por el PP, partido que cuenta con una amplia mayoría, es una "aplicación tramposa" de la legislación que ha supuesto "un verdadero escrache" a la ILP.

La diputada ha denunciado que con la unión de los proyectos, que ha dado como resultado un texto nuevo, se ha impedido un trámite de enmiendas formal.

Iglesias ha avanzado que su grupo va a volver a pedir en la Mesa del Congreso del próximo martes que el nuevo proyecto se debata en Pleno en vez de sólo en la Comisión de Economía, algo ya rechazado la semana pasada por el PP. Las propuestas socialistas, que el grupo ha registrado hoy en la Cámara, recuperan también todas las enmiendas que ya presentó el PSOE al primer proyecto de ley sobre desahucios que entró en el Congreso.

Entre éstas figuran la elaboración de una ley de segunda oportunidad para renegociar las deudas y evitar la pérdida de la vivienda, la paralización de los procedimientos de desahucio en marcha y la introducción de todas las demandas planteadas por la abogada de la UE para adaptar la normativa española hipotecaria a la legislación comunitaria de protección a los consumidores.