No, tu empresa no puede cobrarte comisión por adelantarte parte de tu sueldo porque es un derecho

Cada vez son más populares las aplicaciones que se ofrecen a gestionar un adelantado del sueldo a trabajadores de empresas. La principal ventaja de este servicio es que "es discreto, porque no tienes que explicarle a tu superior o a Recursos Humanos por qué necesitas el dinero", señala Jaime Jiménez, CEO de Hastee, quien indica que "al igual que el ticket restaurante o el seguro médico, el adelanto salarial es un servicio que las empresas contratan y a veces trasladan el coste al trabajador".

En cuestión de horas o minutos llega la liquidez a la palma de nuestra mano. Sin embargo, la clave está en que los llamados "sueldos bajo demanda" llevan una comisión, cuando en realidad los adelantos del sueldo por lo ya trabajado son un derecho gratuito que recoge el Estatuto de los Trabajadores desde 1980. "Si un empresario quiere dar esa facilidad a los empleados porque ve que es un requerimiento que hacen sus trabajadores, que se lo haga gratuitamente", defiende José Varela, responsable de digitalización de la UGT.

Sin embargo, lo que no regula el Estatuto son los plazos o condiciones de esos adelantos, que pueden variar en función del convenio colectivo o de las facilidades que quiera dar cada empresa. "Algunas empresas aprovechan para hacer un negocio que imputa unos costes sobre el trabajador", critica Varela.

Según estas apps, entre un 5% y un 15% de los trabajadores prefiere pagar la comisión, unos dos euros por cada adelanto. En este sentido, Santiago Carbó, economista, afirma que el adelanto salarial "es una buena idea", pero defiende que "no hay que aprovecharse de la situación de una persona".

Aunque no hay un único perfil, al ser plataformas totalmente digitales, la potencial audiencia son jóvenes que, tal y como subraya Carbó, "si tuviera un salario más razonable, probablemente no necesitarían usar esta aplicación para pedir adelantos". "Este tipo de apps surgen por problemas estructurales", apostilla el economista.

Los sindicatos pedirán a Inspección de Trabajo que revise la legalidad de un servicio, que, incluso las empresas implicadas, abogan por regular cuanto antes.