Los taxistas siguen bloqueando la Castellana por tercer día consecutivo a la espera de decidir si paran la huelga

Centenares de taxistas siguen concentrados en el Paseo de la Castellana de Madrid a la espera de obtener un "compromiso claro" del Ministerio de Fomento con el sector tras la Conferencia Nacional del Transporte, que se celebra en una jornada en la que hay menos taxis en esa vía que los dos días anteriores.

El portavoz de Élite Taxi, Saúl Crespo, una de las asociaciones de taxistas impulsoras de la movilización contra el sector de la VTC (vehículos con conductor) ha explicado que reclamará al secretario de Estado de Transportes "aclarar" frente a las cámaras el compromiso adquirido con los taxistas. "Si quieren que no nos quedemos aquí y en toda España hasta el viernes por la noche y que volvamos a la confianza, está en su mano hacer una declaración", ha dicho Saúl Crespo a los periodistas.

No obstante, los taxistas decidieron convocar una asamblea al finalizar la Conferencia Nacional de Transporte para informar de las conclusiones y decidir conjuntamente si desconvocan la huelga indefinida que llevan a cabo. El Paseo de la Castellana sigue ocupado por centenares de taxistas aunque hay menos conductores que un día antes, ya que hay más espacio entre cada vehículo. El portavoz del sector apunta que algunos de ellos están descansando y regresarán a lo largo de la jornada.

También han regresado ya a Portugal dos de los cuatro taxistas portugueses que con sus coches negros viajaron a Madrid para sumarse a la protesta y lanzar un mensaje al Gobierno portugués "porque lo mismo que está ocurriendo en España puede ocurrir en Portugal".

Las asociaciones Fedetaxi, Antaxi y Élite Taxi mantienen la huelga que secundan en las principales ciudades españolas tras ver insuficientes las soluciones propuestas por el Ministerio de Fomento sobre un nuevo marco normativo para las licencias de VTC.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció que el próximo Consejo de Ministros explicitará "la voluntad política" del Gobierno para resolver este problema, que se completará, hasta septiembre, con la elaboración de "un marco regulatorio" y la transferencia de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas "para que puedan llegar a sus propios acuerdos con los ayuntamientos, según los casos".