LOS MILITARES TOMARON EL CONTROL

Las claves del macrojuicio a los controladores aéreos por el caos de 2010 que activó el primer estado de alarma de la democracia

La próxima semana comienza el macrojuicio contra 133 controladores aéreos, nueve años después de que la ausencia en sus puestos de trabajo activó en nuestro país el primer estado de emergencia de la democracia. Los militares se hicieron cargo de las torres de control.

Durante el puente de diciembre del 2010 se escucharon gestos de desesperación, lágrimas y gritos en los aeropuertos. Fue el momento en el que la crisis con los controladores aéreos obligó al Gobierno de Zapatero a cerrar el espacio aéreo.

El resultado: 700.000 afectados en más de 5.000 vuelos. Ahora, nueve años después, 133 controladores se sientan en el banquillo, acusados de abandono de la función pública. De ellos, 126 han llegado a un acuerdo.

"Ellos asumen la culpabilidad de los hechos y aceptan abonar a nuestros clientes 1.000 euros por daños morales más los daños materiales", afirma Antonio Valverde, abogado de los afectados por la huelga.

Aunque desde el sindicato dicen que pactan por cansancio y no por estar de acuerdo, porque ellos mantienen su versión de los hechos. Daniel Zamit, portavoz de Unión Sindical de Controladores aéreos, defiende que "en el momento en que se cierra el espacio aéreo, no hay vulneración de derechos". "Nadie había abandonado su puesto de trabajo y los aviones volaban con total normalidad", asegura.

Sin embargo, el Gobierno no lo entendió así. Por eso, en un Consejo de Ministros extraordinario el sábado 4 de diciembre, tomaron una decisión inédita en la democracia: "El Gobierno ha aprobado un decreto en el que declara el estado de alarma", declaró Rubalcaba.

Esto llevó a los militares a tomar el control del servicio. María Isabel Álvarez-Vélez, catedrática de Derecho Constitucional en ICADE, dice que "se entendió que efectivamente se producía una situación de inseguridad. "Había una grandísima alarma social", añade.

El Gobierno podría volverlo a hacer si vuelve a enfrentarse a una situación así, amparado en la ley del 1985, donde se recogen los supuestos para aplicar este tipo de excepciones. "El Gobierno está habilitado por la Constitución para declarar estos estados siempre y cuando se cumplan las causas que prevé la Ley Orgánica", indica María Isabel Álvarez-Vélez.

Los controladores, por su parte, siguen manteniendo la exigencia que les llevó a parar: dicen que hace falta más personal.

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