"No conocemos la magnitud del riesgo ahora mismo": la salud de los océanos, en peligro por los intereses políticos

"Estamos lejos de saber todo lo que hay en las zonas marinas fuera de las jurisdicciones nacionales", dijo David Johnson, coordinador de la Iniciativa Global de la Biodiversidad de los Océanos (GOBI, por sus siglas en inglés), una asociación de más de 40 instituciones. Se refería así al espacio que se extiende a partir de 200 millas náuticas desde la costa y que, a diferencia de las zonas económicas exclusivas de los países, ninguna nación en particular gobierna por sí sola.

La localidad francesa de Boulogne-sur-Mer, en el norte y junto al Canal de la Mancha, acogió hoy una conferencia dentro del programa "Océanos Comunes", de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). El objetivo era profundizar en el modo de mejorar la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos marinos en alta mar. Esas áreas, que comprenden tanto la columna de agua como el fondo marino, representan el 40 % de la superficie del planeta y el 62 % de la de los océanos.

"El debate actual gira en torno a la recogida de datos, la coordinación, los recursos financieros, el refuerzo del cumplimiento de la ley y el conocimiento de esas zonas", destacó Johnson. Los expertos coincidieron en que faltan acciones más integradas ante las numerosas actividades que se desarrollan en aguas internacionales, desde la pesca hasta la navegación, la minería, las comunicaciones por cables submarinos o la investigación científica.

Desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, se han aprobado distintos instrumentos internacionales que regulan sectores concretos como la pesca, las embarcaciones o la biodiversidad. El año pasado, la Asamblea General de la ONU dio luz verde a la negociación de un nuevo acuerdo "unificador" y legalmente vinculante a nivel internacional que sirva para garantizar la biodiversidad y la gestión sostenible de los recursos en alta mar.

La directora de la División de Asuntos del Océano y del Derecho del Mar de la ONU, Gabriele Goettsche-Wanli, afirmó que existen "divergencias" sobre el uso de esos recursos, cómo se debe regular su acceso, los beneficios derivados de su utilización o los derechos de propiedad intelectual. La forma de transferir tecnologías a países menos desarrollados o los mecanismos para asegurar el cumplimiento del tratado son otros de los aspectos que generan diferencias entre los países.

Actualmente las áreas en alta mar, en su mayoría gestionadas por organizaciones regionales de ordenación pesquera, están amenazadas por la contaminación, la sobreexplotación y el cambio climático, entre otros factores. El consultor de la FAO Tony Thompson se mostró más optimista y declaró que en los últimos años esas organizaciones internacionales han contribuido al control de la pesca y se han creado nuevos órganos de gestión en el sur del océano Pacífico y en el Índico.

"Hemos aprendido mucho del estado de los mares", apuntó. Romain Trouble, director general de la ONG francesa Tara, especializada en expediciones marinas, insistió en que "para preservar los ecosistemas hay que saber cómo funcionan" y puso de ejemplo las 5.000 nuevas especies que han descubierto en "ese otro planeta". La función del mar para almacenar carbono, los efectos del cambio climático, la contaminación con plásticos, los cambios en la oxigenación de los océanos y su acidificación harán más presión sobre los ecosistemas marinos, por lo que se necesita más investigación, según Trouble.

Para Biliana Cicin-Sain, presidenta del Global Ocean Forum, una organización internacional sin ánimo de lucro, los países "tienen opiniones diferentes sobre lo que debe hacerse" con esas aguas, consideradas por algunos como patrimonio mundial que merece ser protegido y por otros como fuente de recursos de libre acceso. En su opinión, hace falta incrementar la capacidad de los Estados y otros actores para cumplir los acuerdos, promover la cooperación, desarrollar leyes a nivel nacional e impulsar la creación de instituciones como agencias, universidades y órganos regionales.