9.000 niños muertos en casas de acogida religiosas, o cómo la Iglesia debe responsabilizarse y pagar por ello

Un informe sobre la muerte de 9.000 bebés en casas de acogida religiosas para madres solteras en Irlanda entre 1922 y 1998 ha revelado los abusos que sufrieron madres solteras y bebés internados en 18 instituciones estatales. Tras publicarse este informe, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha pedido perdón a las "madres solteras y los bebés" que sufrieron "terribles abusos" en instituciones religiosas durante gran parte del pasado siglo, como consecuencia de una sociedad con actitudes "retorcidas respecto a la sexualidad y asuntos íntimos".

El informe, de más de 3.000 páginas y fruto de un trabajo de cinco años, describe un "capítulo negro, difícil y vergonzoso de la muy reciente historia", ha lamentado el jefe del Ejecutivo de Dublín, que ahora estudia cómo indemnizar a las víctimas de los hogares religiosos para madres solteras.

"Si bien este informe, obviamente, tendrá mayor impacto sobre los supervivientes y sus familias, plantea cuestiones más profundas para toda la sociedad irlandesa. Lo que se ha descrito en este informe no nos lo infligió ninguna potencia extranjera. Nos lo hicimos nosotros mismos", ha subrayado Martin, quien ha insistido en que esa "sociedad disfuncional", con "actitudes retorcidas", "maltrató a las mujeres", a las "madres jóvenes" y, "especialmente, a los niños".

Asimismo, el primer ministro irlandés ha confiado en que este documento ayude a cerrar así otro "episodio oscuro del pasado", después que otras investigaciones han revelado en los últimos años los abusos sexuales cometidos por religiosos contra miles de menores durante gran parte del pasado siglo.

Ha sido la llamada 'Comisión sobre Madres y Bebés' la que ha documentado las duras condiciones de vida en las casas de acogida y la negligencia de las religiosas y responsables estatales que las regentaron durante 76 años. También ha examinado, entre otros asuntos, las altas tasas de mortalidad registradas entre los menores, los ensayos de vacunas efectuados con ellos y el establecimiento de un sistema de adopciones ilegales para obtener ingresos.

El Gobierno estableció la citada comisión en 2014, tras el hallazgo ese año de casi 800 esqueletos de niños en cámaras subterráneas de un convento regentado por monjas del Buen Socorro en la localidad de Tuam, en el oeste de Irlanda, entre 1925 y 1961. Este caso, que conmocionó al país, salió a la luz cuando un estudio de la historiadora local Catherine Corless descubrió certificados de defunción de 798 niños, aunque solo dos de ellos estaban acompañados por certificados de enterramiento.

La responsabilidad de la iglesia sobre los delitos cometidos en su seno

Precisamente, este informe sobre los bebés fallecidos en casas de acogida religiosas vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad de la Iglesia Católica sobre los delitos cometidos en su seno, algo que hemos visto también con los abusos sexuales a menores, ya que muchos de los perpetradores ni siquiera son juzgados porque para cuando las víctimas se atreven a hablar los delitos ya han prescrito.

"Las leyes en España no ayudan. Hay una ley de la infancia que están intentando sacar que ampliaría a 30 años la prescripción de los delitos, pero las víctimas pedían 50", señala Jesús Bastante, redactor de 'Religión Digital'.

A muchas víctimas solo les queda la reparación por la vía de las indemnizaciones, algo que la Iglesia española ni siquiera contempla. En este sentido, Bastante indica que "las indemnizaciones se han hecho normales en Estados Unidos, Australia, Austria, Alemania o Irlanda"

Sin repercusiones para la Iglesia como institución

Sin embargo, más allá de este aspecto económico, no hay otras repercusiones para la Iglesia como institución. "En el caso de los estados de la región (latinoamericana), en ningún momento se les ha estado quitando ninguno de los privilegios de los que goza la institución", critica Sara Oviedo, miembro del Comité de de Derechos del Niño de la ONU entre 2012 y 2017.

Una opción sería, por ejemplo, condicionar esos beneficios, como las exenciones fiscales, a su actuación ante este delitos cometidos por religiosos. "Yo te proveo de un régimen fiscal favorable para que tú puedas desarrollar tu labor filantrópica de manera amplia, pero si tú tienes una vulneración de tus obligaciones, tienes una pérdida de los beneficios fiscales", defiende Adalberto Méndez López, asesor legal de 'Ending Clerical Abuse Global'.

Esto implica una voluntad política que, en muchos casos, no existe. "Los estados latinoamericanos lo van a pensar 100 veces antes de meterse en una pelea con la Iglesia porque es enfrentarse al conjunto de la sociedad", afirma Sara Oviedo.

La ONU ya censuró al Vaticano por violar los derechos del niño y las leyes contra la tortura por los abusos a menores, aunque los expertos reclaman que también se estudie el papel de los Estados en los que se cometen esos delitos.