Un fallo inédito
El Gobierno militar birmano rechaza el fallo que concluye que hubo genocidio rohinyá: "No refleja la realidad"
Los detalles La junta militar califica de "sesgada" e "injerencista" la sentencia que considera probado el genocidio cometido durante la ofensiva de 2017 y que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados.
El Gobierno militar de Birmania (Myanmar) ha rechazado este viernes el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declaró al país responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país. La junta militar considera que la resolución, que obliga al Estado a investigar los crímenes, indemnizar a las víctimas y facilitar el regreso de los desplazados, no refleja la realidad y ha sido adoptada sin la participación de un representante legítimo de Myanmar.
En un comunicado del Ministerio de Exteriores, Naipyidó ha calificado la sentencia de "selectiva" y "sesgada" y ha asegurado que se "desvincula de la resolución", que rechaza "categóricamente", junto con sus "descripciones y recomendaciones de carácter injerencista". El Gobierno de Min Aung Hlaing, el general golpista que encabezaba el Ejército durante la ofensiva de 2017, sostiene que este tipo de procesos se apoya en "informes carentes de fundamento, parciales y en información fabricada", con el propósito de politizar los derechos humanos e interferir en los asuntos internos de otros Estados. La actual junta militar llegó al poder en 2021 mediante un golpe de Estado que derrocó al Gobierno democrático.
La denuncia fue presentada en 2019 por Gambia a raíz de las operaciones militares contra los rohinyás. El fallo de la CIJ, histórica primera vez desde la creación del tribunal en 1945, declara a un Estado responsable de genocidio. Los jueces consideraron probados los asesinatos masivos, la violencia sexual y las medidas destinadas a impedir nacimientos, y concluyeron que la "única conclusión razonable" para explicar las acciones de las fuerzas birmanas era una "intención de destruir una parte sustancial" de esta comunidad, un elemento clave para determinar jurídicamente la existencia de genocidio. La sentencia también acredita que las fuerzas de seguridad cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual. Además, documenta la destrucción sistemática de aldeas rohinyás, posteriormente sustituidas por infraestructuras permanentes y repobladas con personas ajenas a la comunidad. La Corte determinó, por último, que Birmania incumplió su obligación de impedir que personas vinculadas a sus fuerzas de seguridad cometieran genocidio, así como su deber de investigar y castigar estos crímenes y aprobar la legislación necesaria para aplicar la Convención.