Altercados en Brasil
Cientos de radicales de Bolsonaro invaden el Congreso, el Supremo y el Palacio Presidencial de Brasil
La manifestación pide una intervención militar para derrocar al presidente. Las fuerzas de seguridad han recuperado el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema, produciéndose las primeras detenciones.
Las fuerzas de seguridad han recuperado el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las autoridades brasileñas han informado de que han sido detenidas 30 personas tras el asalto.
Los sospechosos quedan ahora pendientes de una audiencia de custodia que decida sobre su detención definitiva, según informa la cadena de televisión brasileña O Globo. Los detenidos se encuentran en dependencias de la Policía Civil del Distrito Federal, concretamente en el Departamento de Policía Especializada, donde se espera la llegada de más sospechosos.
La mayoría están siendo arrestadas por el Artículo 359-M del Código Penal, que prevé entre 4 y 12 años de prisión por "tentativa de destitución de un gobierno legítimamente electo".
Los cientos de seguidores radicales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro que habían invadido la sede del Congreso Nacional pedían una intervención militar para derrocar al presidente Lula da Silva.
Además, habían invadido el Palacio Presidencial de Planalto, sede del Ejecutivo, y la Corte Suprema, rompiendo los ventanales de la sede del poder Judicial. Así, han llegado a ocupar los edificios de los tres poderes en el país, ya desalojados.
El grupo, que defiende tesis golpistas, superó una barrera policial y subió la rampa que da acceso al tejado de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado, y algunos entraron dentro de la sede legislativa.
Los extremistas, en su mayoría con camisetas amarillas y verdes y banderas de Brasil, también atacaron algunos vehículos de la Policía Legislativa, que brinda seguridad al Congreso.
También destruyeron barreras de protección y armados con palos se enfrentaron a los agentes que intentaron contener, sin éxito, la entrada de los manifestantes. Lula, que asumió la Presidencia de Brasil el pasado día 1, se encuentra este fin de semana de viaje en la ciudad de Araraquara, en Sao Paulo.
Primeras reacciones al asalto
El presidente del Congreso de Brasil, el senador Rodrigo Pacheco, pidió castigar de forma "urgente" y con el "rigor de la ley" a los radicales bolsonaristas.
"Repudio vehementemente estos actos antidemocráticos, que deben sentir el rigor de la ley con urgencia", afirmó Pachecho, en un mensaje publicado en sus redes sociales. El senador informó de que está en "contacto permanente" con el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien le aseguró que "está concentrando los esfuerzos de todo el aparato policial" para "controlar la situación".
El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó que "no prevalecerá" la voluntad de los bolsonaristas radicales. Dino dijo en un mensaje de Twitter que "va a haber refuerzos" policiales y que las fuerzas que están disponibles "están actuando". "Este intento absurdo de imponer la voluntad por la fuerza no va a prevalecer. El Gobierno del Distrito Federal (de Brasilia) afirma que habrá refuerzos. Y las fuerzas de las que disponemos están actuando. Estoy en la sede del Ministerio de Justicia", dijo Dino.
Desde España, la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera ha lamentado las "terribles noticias e imágenes" que llegan desde Brasil. "Lula da Silva y la democracia brasileña merecen el respaldo firme de la sociedad y el rechazo contundente a lo que está ocurriendo", asegura en su cuenta de Twitter.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha trasladado su apoyo a Lula da Silva y a las "instituciones libre y democráticamente elegidas por el pueblo brasileño": "Condenamos rotundamente el asalto al Congreso de Brasil y hacemos un llamamiento al inmediato retorno a la normalidad democrática".
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha mostrado su apoyo "incondicional" a Lula da Silva.
Del mismo modo, el expresidente del Gobierno Felipe González ha expresado su solidaridad con el presidente "legítimo" de Brasil frente al "golpismo" que, ha denunciado, intenta violentar la democracia en el país suramericano.
"Mi solidaridad con Lula da Silva, presidente legítimo de Brasil y con la democracia brasileña frente al golpismo que intenta interrumpir el proceso democratico brasileño", asegura González en un comunicado remitido a EFE.
Acampadas frente al Cuartel General del Ejército
Centenares de bolsonaristas radicales están acampados frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula derrotó a Bolsonaro. Los campamentos de los bolsonaristas radicales, que se han multiplicado en ciudades de todo el país, comenzaron a ser desmontados el viernes en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, donde ocurrieron algunos disturbios.
El sábado, el ministro de Justicia, Flávio Dino, autorizó la actuación de la Fuerza Nacional de Seguridad, un grupo de élite de los cuerpos de Policía de todo el país, que se moviliza para misiones especiales. Desde el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral del 30 de octubre, con el 50,9 % de los votos válidos frente al 49,1 % de Bolsonaro, los simpatizantes de este se han concentrado en las afueras de los cuarteles del Ejército.
Antes de la invasión del Congreso, Dino se pronunció en las redes sociales y dijo que los opositores deberán esperar hasta 2026, cuando se celebren las próximas elecciones presidenciales, así como el actual Gobierno esperó entre 2018 y 2022. En un comunicado, Dino manifestó que el Ministerio de Justicia convocó una reunión de emergencia con los organismos de seguridad para hacer frente a las manifestaciones.