El Congreso aprueba, con los votos del PP, un crédito de 1.800 millones para armamento

El decreto ley, en vigor desde la aprobación por el Gobierno alegando razones de "extraordinaria y urgente necesidad", permite a Defensa disponer de 1.782,77 millones de euros para abonar compromisos que vencieron estos últimos años. El 65% de esos fondos se destinarán a facturas pendientes del programa Eurofighter, en el que España participa junto a Italia, Alemania y Reino Unido. También hay 242,3 millones de euros para los carros de combate 'Leopardo' de General Dynamics-Santa Bárbara; 187,8 millones de euros para los buques de acción marítima de Navantia y 76,3 millones para los helicópteros 'Tigre' que fabrica Eurocopter, entre otros.

Al presentar la medida ante el Congreso, el ministro de Defensa, Pedro Morenés ha señalado que la propia industria de Defensa, desde las cúpulas directivas hasta los comités de empresa, venía reclamando una solución porque "a todo el mundo le gusta que le paguen las cosas que ha hecho".  En su opinión, este crédito extraordinario permitirá aliviar la difícil situación contable de las empresas nacionales de Defensa y contribuirá al mantenimiento de los empleos y a la recuperación de la credibilidad de España como "cliente y socio". "La industria de Defensa es necesaria y genera riqueza", ha recordado.

Este es solo el primer paso
Morenés culpa al Gobierno socialista de la "compleja situación" creada por los pagos pendientes de los programas armamentísticos, pues en 2009 puso un techo de gasto a los programas especiales de armamento, pero entiende que el actual Ejecutivo "tiene que pagar sus deudas y lo hace por criterios de responsabilidad y de credibilidad".  Eso sí, ha avisado de que "poner el contador a cero" sólo es "el primer paso" y a partir de ahí habrá que sentarse a negociar con las empresas el futuro de estos programas pactados con la industria, que suponen unos 31.000 millones de euros a pagar hasta 2025. "Esto es un paso esencial, pero no es el único paso", ha señalado, ofreciendo diálogo a la oposición.

En su etapa laboral en el sector privado, Morenés ha estado ligado a la industria armamentística

El PSOE, que ha ejercido el turno en contra para tratar de tener un debate 'cara a cara' con el ministro pero el Gobierno ha declinado contestarle, ha rechazado la medida criticando tanto la forma como el fondo del decreto ley. Según su portavoz, Diego López Garrido, no tiene sentido recurrir a procedimiento de urgencia del decreto ley cuando el vencimiento de los compromisos se conocían desde hace quince años, pues proceden de contratos firmados en la etapa de José María Aznar. "Es un crédito extraordinario para una compra nada extraordinaria", ha señalado.

Tras resaltar que "nadie habla de no pagar" las facturas, sino de renegociar los contratos, López Garrido ha cuestionado las prioridades del Gobierno a la hora de atender compromisos pendientes: "No hay dinero para políticas sociales y sí hay dinero para la industria armamentística", ha dicho.

La oposición se niega en bloque
En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis Centella, quien considera que, en esta coyuntura de crisis, las empresas de armamento tendrían que esperar a cobrar como les ocurre a muchos ciudadanos.  La diferencia, en su opinión, es la procedencia profesional del ministro de Defensa, ligado en los últimos años a la industria armamentística.  Fue consejero de la principal empresa española de bombas de racimo."Usted viene aquí como representante de la industria que viene a cobrar sus facturas, como hay miles de empresas con facturas pendientes, pero no tienen un ministro que venga al Congreso a plantearlo", ha dicho.

También Irene Lozano, de UPyD, ha incidido en la trayectoria profesional de Morenés y, aunque comparte el principio general de que hay que pagar las deudas, cree que el ministro ha hecho un "discurso de lobbista" de las grandes empresas, pero sin garantizar que los pequeños proveedores vayan a cobrar.