Un fallo histórico
La Corte Internacional de Justicia declara a Birmania responsable de genocidio contra los rohinyás
El contexto La CIJ concluye que Birmania (Myanmar) actuó con la "intención de destruir una parte sustancial" de la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, en la que consideró probados asesinatos masivos, violencia sexual, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos en esta comunidad.
Los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyeron este jueves, por mayoría, que Birmania (Myanmar) "cometió genocidio contra el grupo rohinyá" durante la ofensiva militar de 2017 en el norte del estado de Rakáin, en el oeste del país. Se trata del primer fallo de este tribunal en el que declara a un Estado responsable de cometer genocidio.
La CIJ ordenó este jueves a Birmania facilitar el regreso "seguro, voluntario y digno" de los rohinyás desplazados por la ofensiva militar de 2017, tanto dentro del país como en el extranjero, y garantizar la reunificación de las familias separadas, entre otras medidas para reparar los daños causados a esta minoría musulmana.
El tribunal también exigió a Birmania devolver o sustituir las propiedades individuales y colectivas perdidas o dañadas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la rehabilitación física y psicológica de las víctimas que sufrieron lesiones o daños mentales.
La CIJ concluye que Birmania actuó con la "intención de destruir una parte sustancial" de la minoría musulmana rohinyá durante la ofensiva militar de 2017 en el oeste del país, en la que consideró probados asesinatos masivos, violencia sexual, ataques contra menores y medidas destinadas a impedir nacimientos en esta comunidad.
El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que, tras examinar el conjunto de las pruebas, "la única conclusión razonable" que permite explicar las acciones de Birmania es que existía una "intención de destruir" a una gran parte de la población rohinyá del norte del Estado de Rakáin.
Según la sentencia, las fuerzas de seguridad birmanas cometieron "asesinatos indiscriminados", separaron y ejecutaron a hombres y perpetraron actos generalizados de violencia sexual durante las operaciones militares de 2017. Los jueces consideraron que las pruebas respaldan la estimación de que unas 10.000 personas de esta minoría fueron asesinadas durante la ofensiva, en la que las fuerzas birmanas también cometieron "actos de extrema violencia contra meores" y atacaron a quienes intentaban huir hacia el vecino Bangladés.
La Corte también consideró probado que las aldeas rohinyás fueron "destruidas sistemáticamente" y sustituidas por infraestructuras permanentes, mientras que las zonas fueron repobladas con personas ajenas a esta minoría. Asimismo, los jueces determinaron que la ofensiva militar causó "graves daños físicos y mentales" a un número muy elevado de rohinyás y que Birmania impuso medidas destinadas a "impedir" los nacimientos dentro de esta comunidad, conducta también prohibida por la Convención contra el Genocidio.
La ofensiva de 2017 provocó la huida de más de 700.000 rohinyás hacia Bangladés y otros países. Esta minoría musulmana lleva décadas sometida a discriminación y restricciones de derechos, incluida la falta de reconocimiento de su ciudadanía por parte de las autoridades birmanas. Gambia presentó la demanda ante la CIJ en 2019, con el respaldo de la Organización de Cooperación Islámica, y otros once países intervinieron posteriormente en el procedimiento.
Durante las audiencias celebradas el pasado enero, la delegación gambiana defendió que las pruebas demostraban una intención de destruir total o parcialmente a los rohinyás y presentó testimonios de supervivientes, que declararon a puerta cerrada por razones de seguridad. Birmania rechazó las acusaciones y sostuvo que las operaciones militares de 2016 y 2017 respondieron a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), al que calificó de grupo terrorista.