APOYO A LA INICIATIVA DESDE LA ENTRADA EN LA UE
España apoya la propuesta de la CE para crear una Fiscalía comunitaria
Alberto Ruiz- Gallardón ha expresado en un comunicado su satisfacción ante la creación de una Fiscalía comunitaria que sería trascendental en la lucha contra el crimen transfronterizo. Asimismo, el objetivo principal es combatir los delitos contra los intereses financieros de la UE. Para la aprobación de la propuesta se precisa la aceptación por parte del Consejo y del Parlamento Europeo.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado en una carta dirigida a la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y comisaria de Justicia, Viviane Reding, su apoyo a la propuesta legislativa de crear una Fiscalía Europea.
Ruiz-Gallardón expresa su satisfacción ante "la creación de este órgano vital para la lucha contra el crimen transfronterizo grave dentro de la Unión Europea", iniciativa que España ha defendido de manera decisiva desde su inclusión en el artículo 86 del Tratado de Lisboa.
El ministro ha comunicado:"Siempre hemos defendido un modelo de Fiscalía que sea eficaz como paso lógico y obligado para la construcción de un verdadero espacio judicial europeo que, desde el principio dé confianza y reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales, facilite una tutela judicial homogénea a los ciudadanos comunitarios". Además, Ruiz-Gallardón adjunta en el texto a Viviane Reding la declaración sobre esta propuesta que ha facilitado a la Fiscalía General del Estado.
El Departamento español de Justicia se compromete a apoyar la propuesta en su objetivo inicial de combatir los delitos contra intereses financieros de la Unión Europea. Asimismo, muestra su deseo de que "en un futuro se constituya en el germen de una Fiscalía con competencias para perseguir y actuar contra delitos de dimensión transfronteriza especialmente graves, impidiendo que los delincuentes puedan aprovecharse de la variedad de sistemas y de las posibles faltas de coordinación entre los Estados miembros".
Con la propuesta legislativa de la Comisión Europea, adoptada el pasado 17 de julio por el Colegio de Comisarios, comienza el proceso de debate interinstitucional establecido dentro de la Unión, que en este caso precisa de la unanimidad del Consejo y la aprobación del Parlamento Europeo para convertirse en ley.