La Ley de Servicios Digitales, el 'sheriff' que Europa ha enviado al 'salvaje oeste' de internet

Durante años, internet creció prácticamente sin fronteras: plataformas, redes sociales, buscadores, aplicaciones y comercio electrónico avanzaban mucho más rápido que las normas. Europa ha tratado de poner orden con una nueva regulación que ya tiene consecuencias para las grandes compañías digitales. Al principio, todo ello era prácticamente el salvaje oeste y es que muchas de las normas que regían fuera del mundo virtual no tenían un equivalente claro dentro de él.

Es por ello que la Unión Europea ha ido tratando de poner orden en este territorio digital. Una de sus principales herramientas es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que es de aplicación general desde el 17 de febrero de 2024, cuyo objetivo es establecer un entorno digital más seguro y transparente y aumentar las obligaciones de las plataformas frente a los contenidos y productos ilegales.

En esta particular conquista del oeste digital, Europa ejerce de sheriff ya que establece las reglas, vigila su cumplimiento y tiene capacidad para sancionar a quienes no las respeten.

¿Qué regula la Ley de Servicios Digitales?

La DSA establece obligaciones para los servicios digitales que operan en la Unión Europea y, entre otras cuestiones, busca dificultar la difusión de productos y contenidos ilegales. Asimismo, introduce límites a determinadas prácticas publicitarias. Por ejemplo, las plataformas no pueden utilizar para publicidad dirigida algunas categorías de datos personales especialmente sensibles, como la raza, la religión o la orientación sexual. Además, no pueden mostrar publicidad basada en la elaboración de perfiles cuando saben con certeza razonable que el destinatario es un menor.

Eso sí, la norma no parte completamente de cero y es que muchas de estas obligaciones se suman a normas que ya existían, pero la DSA introduce un marco común y, especialmente para las plataformas de mayor tamaño, nuevas exigencias de transparencia, evaluación y gestión de riesgos.

Uno de los cambios más importantes está precisamente en lo que ocurre cuando una plataforma detecta contenido ilegal. Tras identificar y evaluar los riesgos que generan, adoptan medidas para reducirlos y, a su vez, los usuarios tienen derecho a recibir información sobre determinadas decisiones de moderación de contenido y a conocer los motivos por los que una plataforma ha retirado una publicación.

Pero la DSA no se queda en recomendaciones, sino que la Comisión Europea puede imponer incluso sanciones que pueden llegar hasta el 6% del volumen de negocios mundial anual de una empresa. En mayo de 2026, impuso a Temu una multa de 200 millones de euros por incumplir sus obligaciones relacionadas con la evaluación de los riesgos derivados de la venta de productos ilegales en su plataforma. Además, Aliexpress tiene una multa de 550 millones de multa por la exposición de productos ilegales y Twitter, 120 millones por falta de transparencia en su funcionamiento.

¿Solo afecta a las grandes empresas?

La respuesta es no. La Ley de Servicios Digitales se aplica a los servicios digitales de forma proporcional a su tamaño. Pero las exigencias aumentan considerablemente cuando hablamos de las plataformas y buscadores considerados de muy gran tamaño. El umbral está en más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea.

En ese grupo están grandes nombres de internet como Amazon, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Google, Booking, Pinterest o AliExpress, entre otros. Y desde este verano, también ChatGPT.

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