"Pase verde"
Italia impone la vacunación frente al COVID-19 a los trabajadores
Tanto las empresas privadas como las administraciones públicas podrán exigir a sus empleados el 'pasaporte COVID-19', una medida con la que el Gobierno quiere evitar los cierres por la pandemia.
Italia impondrá la vacunación frente a coronavirus a los trabajadores, una medida que entrará en vigor el próximo 15 de octubre. Así, tanto las Administraciones Públicas como las empresas privadas podrán exigir a sus empleados el "pasaporte COVID", como recoge un decreto aprobado por el Consejo de Ministros italiano.
Se convierte así en el primer país de Europa que obliga a sus trabajadores a estar inmunizados frente al virus, una iniciativa con la que el ministro italiano de Administraciones Públicas, Renato Bruneta, cree que se sitúa al país "a la vanguardia del mundo".
La decisión busca permitir al país afrontar el invierno en mejores condiciones de seguridad para evitar nuevos cierres por la pandemia. Brunetta ha manifestado que la economía italiana va a crecer en torno al 6 % en el conjunto del 2021, frente a la caída del 8,9 % del 2020, y que esta iniciativa también va en la dirección de proteger esta reactivación.
El certificado, válido tanto en formato digital como en papel, demuestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, ha pasado la enfermedad o se ha sometido a una prueba con resultado negativo en las horas previas a mostrarlo, periodo que ahora se amplía hasta las 72 horas, de las 48 de antes.
En Italia, este documento que se llama "pase verde" se exige ya para entrar a bares y restaurantes, gimnasios, museos o convenciones, y ahora se pedirá a todos los empleados del sector público y privado.
Como medida adicional, el Gobierno de Mario Draghi también ha reducido el precio de las pruebas de coronavirus, que serán gratuitas para quienes no puedan vacunarse, costarán de ocho euros para los menores de 18 años y 15 euros para el resto.
Multas para quienes se nieguen a presentar el certificado
Quienes no presenten el certificado o lleven una falsificación se enfrentarán a multas económicas e incluso hasta la suspensión temporal del empleo, aunque esto no significa que puedan ser despedidos, ha indicado el ministro de Trabajo, Andrea Orlando.
"El objetivo es incrementar la seguridad en los lugares de trabajo", ha añadido.