La justicia peruana procesa a Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzosas de mujeres pobres e indígenas

La Justicia de Perú ha aprobado este sábado la apertura de un proceso penal contra el expresidente Alberto Fujimori, así como contra varios de sus ministros de Salud, por el caso de las esterilizaciones forzadas.

Así, junto al exmandatario se ha resuelto "abrir proceso penal" contra los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Costa Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga, así como contra Ulises Jorge Aguilar, por "la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de Derechos Humanos", según ha considerado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Penal de Perú, Rafael Martínez.

En este punto, el juez ha nombrado a las más de 1.300 mujeres a las que, bajo el gobierno de Fujimori, se les practicó operaciones de ligadura de trompas en contra de su voluntad, tal y como detalla el diario 'La República'.

En anteriores audiencias, el magistrado consideró que en las esterilizaciones forzadas hubo responsabilidad de los altos funcionarios involucrados y reiteró que, fruto de estos hechos, se violaron derechos humanos en una estrategia de salud que causó por lo menos cinco muertes, entre ellas la de Mamérita Mestanza, la cara más emblemática del caso.

Según la denuncia fiscal, Fujimori sería el máximo responsable por impulsar las esterilizaciones como un método sistemático de reducción de la pobreza mediante la disminución de la tasa de natalidad. El exmandatario, de 83 años, ya cumple una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato de 25 personas en las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas a cargo del grupo militar encubierto Colina.

Por otro lado, el magistrado Martínez también ha suspendido el proceso penal contra el expresidente hasta que las autoridades de Chile aprueben una ampliación del proceso de extradición por este mismo caso, si bien la investigación continuará su curso para el resto de los acusados.

En ese sentido, la representante del Ministerio Público, la fiscal Carmen Rosa Crisostomo, ha anunciado que se iniciarán los trámites correspondientes para la solicitud a la Justicia chilena de ampliación de extradición del expresidente.

Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.

Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300.000 personas, entre ellas más de 272.000 mujeres y unos 22.000 hombres, según los reportes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.

Por ahora, hay algo más de 8.000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016. Poco más de 2.000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1.307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención. Las denunciantes, en su mayoría mujeres pobres, andinas, indígenas y quechuahablantes, afirman haber sido sometidas a las ligaduras de trompas sin que ellas hubiesen dado su consentimiento, bajo amenazas y coacciones o directamente sin que ellas fuesen conscientes de la intervención tras haber solicitado otro procedimiento médico.

Ahora, con esta decisión del juez Martínez, se permitirá que la Fiscalía reúna pruebas de la comisión del delito y las circunstancias en las que se perpetraron, además de estudiar la participación de los autores y cómplices.