Meloni blinda sus centros de la vergüenza en Albania con un decreto tras el revés de la Justicia italiana

El Gobierno italiano, liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, ha aprobado un decreto que establece por ley una lista de "países seguros" para justificar la retención de migrantes en centros de detención ubicados en Albania. Esta decisión se produce poco después de un fallo del Tribunal de Roma que ordenó la repatriación de 12 migrantes de Egipto y Bangladés, lo que ha causado una ola de indignación en el Ejecutivo y ha llevado a un intenso debate sobre la legalidad de su enfoque migratorio.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, defendió el decreto, argumentando que proporciona una "norma primaria" que busca clarificar las disposiciones legales sobre la retención de migrantes, un proceso que anteriormente se regía por un "decreto interministerial" de carácter administrativo. Según Piantedosi, la medida es necesaria para garantizar que solo aquellos migrantes provenientes de países considerados seguros sean enviados a Albania, donde se encuentran los centros de detención, en un intento por aliviar la presión sobre la red de acogida en Italia.

Sin embargo, el Tribunal de Roma ha cuestionado la validez de la inclusión de Egipto y Bangladés en la lista de países seguros, enfatizando que para que un país sea considerado como tal, debe cumplir con criterios de seguridad homogéneos en todo su territorio. La presidenta de la sección de derechos de las personas y la migración del tribunal, Luciana Sangiovanni, argumentó que estas naciones no garantizan la protección necesaria para sus ciudadanos, lo que ha llevado a un enfrentamiento directo entre el Gobierno y el poder judicial. La magistrada declaró que "la negativa a convalidar su retención se debe a la imposibilidad de reconocer como seguros los Estados de procedencia de las personas retenidas".

La reacción del Gobierno ha sido vehemente. Meloni y sus aliados en la coalición, incluidos los ultraderechistas Hermanos de Italia, la Liga de Matteo Salvini y la Forza Italia de Antonio Tajani, han denunciado la decisión del tribunal como una injerencia en los asuntos del Ejecutivo y una violación de la separación de poderes. Además, el opositor Movimiento 5 Estrellas (M5S) ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por el uso de "ingentes" fondos públicos para financiar el envío de migrantes a estos polémicos centros en Albania.

A pesar de la presión judicial, Meloni ha reafirmado su compromiso de mantener las fronteras italianas cerradas a la migración irregular, insistiendo en que el principio fundamental es que "en Italia solo se entra legalmente". En este contexto, la primera ministra ha elogiado a las fuerzas de seguridad por desarticular redes de tráfico de personas, a las que ha calificado de “esclavistas del tercer milenio”.

El debate sobre la definición de "países seguros" se intensifica, con el ministro de Justicia, Carlo Nordio, sugiriendo que esta evaluación debe ser política y no judicial.