Protestas en Israel
Miles de manifestantes israelíes marchan contra la reforma judicial de Netanyahu
La reforma judicial que el primer ministro israelí está a punto de aprobar ha dividido al país. Hasta 500 pilotos de reserva de la Fuerza Aérea del país han anunciado que renunciarán a sus puestos si finalmente sale adelante la medida.
Miles de manifestantes han llegado a Jerusalén en la última etapa de una marcha para pedir que no se tramite la primera ley de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu y que, según denuncian, pone en peligro la independencia judicial.
La medida ha dividido al país. Unos 500 pilotos de reserva de la Fuerza Aérea israelí han anunciado que renunciarán a sus puestos si la reforma se aprueba la semana que viene.
Los manifestantes hicieron una última parada el viernes antes de entrar en Jerusalén y para realizar una comida comunitaria para celebrar el 'sabbath', la festividad semanal judía, e hicieron noche en Shoresh. Han comenzado la última jornada de marcha sobre Jerusalén con la vista puesta en la Knesset o Parlamento israelí en una columna de varios kilómetros trufada de banderas israelíes y a la que se han sumado este sábado miles de personas más de todo el país.
El objetivo no era cortar la carretera, pero la gran afluencia ha hecho inevitables los problemas de tráfico, todo ello sumado a los cientos de coches aparcados en los arcenes de personas que se han incorporado a la caminata.
La marcha comenzó el martes en Tel Aviv bajo el lema "No le permitiremos destruir nuestro hogar", en referencia a Netanyahu, y llegará en la tarde del sábado a la Knesset. Los organizadores han anunciado su intención de acampar en el parque Saker por tiempo indefinido.
También hay convocadas para este sábado concentraciones frente a la residencia oficial del primer ministro y en la calle Kaplan de Tel Aviv, epicentro de las protestas de los sábados desde hace 29 semanas. Hay otros 150 actos y concentraciones convocados por todo el país.
El Gobierno pretende aprobar e instaurar una ley que prohíbe al Tribunal Supremo y a otros tribunales aplicar el criterio de "razonabilidad" para vetar decisiones del Ejecutivo.