A meses de las elecciones
Netanyahu provoca una posible crisis institucional al rechazar una decisión del Tribunal Supremo
El contexto El Ejecutivo desacata una decisión de la más alta instancia judicial sobre la autoridad reguladora de radio y TV. La Presidencia, la Fiscalía y la oposición denuncian que supone un ataque contra el Estado de derecho.
El Gobierno de Israel ha anunciado este domingo su rechazo a una decisión del Tribunal Supremo del país sobre las actividades de la comisión que regula a la radiotelevisión comercial en la apertura de una posible crisis constitucional.
"Hoy el Gobierno ha aprobado por unanimidad una propuesta para declarar que no reconoce ninguna decisión, medida, nombramiento o acción del Consejo de la Segunda Autoridad mientras el Consejo no cumpla el mínimo contemplado en la ley", ha explicado el Gobierno.
El Tribunal Supremo dictaminó en mayo la suspensión del Consejo de la Segunda Autoridad, organismo regulador de la radiodifusión comercial, después de que organizaciones como la Unión de Periodistas de Israel denunciaran ciertos nombramientos controvertidos realizados por el Gobierno.
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, fue acusado por estas organizaciones de imponer miembros afines al Ejecutivo, incluyendo a Ben-Hai Segev como presidenta, a pesar de que ésta se encontraba en el centro de múltiples conflictos de intereses vinculados a sus anteriores funciones en la industria y a su implicación en el juicio por corrupción del primer ministro, Benjamin Netanyahu.
El Supremo, el mes pasado, acabó decidiendo que la comisión podría seguir funcionando de todas maneras a pesar de la ausencia de los miembros que el Gobierno pretendía imponer, según los críticos. El Ejecutivo israelí entiende que el dictamen ignora el requisito indispensable de que la autoridad necesita de un quórum de dos terceras partes de sus miembros para funcionar, algo que ahora mismo no existe.
El propio Karhi y el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, han respondido finalmente en redes sociales este domingo que, en una decisión que describieron como "un paso histórico para devolver el Estado judío y democrático al pueblo", el Gobierno ha determinado que "la decisión del Tribunal Supremo con respecto a la Segunda Autoridad es ilegal, y las acciones tomadas en virtud de ella son ilegales".
El Gobierno esgrime que el alto tribunal ha cometido un abuso de poder y suplantado al Parlamento del país en sus funciones. "El Estado de derecho no es el Estado de derecho de los jueces", ha declarado Karhi.
Desde el Gobierno aseguran que solo han "criticado" al Supremo
Tras estallar la polémica, el secretario del Gabinete israelí, Yossi Fuchs, ha salido al paso de la noticia alegando que el Gobierno no ha desobedecido al Supremo, sino que ha "criticado" la decisión judicial.
"La declaración, al contrario de lo que dicen las noticias, no contiene una sola palabra sobre pedir no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo", ha argumentado Fuchs en redes sociales. "En cambio sí critica duramente una decisión que contradice la letra de la norma", ha planteado.
Fuchs ha subrayado que "el consejo de ministros ha dicho que recurrirá a todos los medios legales a su disposición para tumbar la decisión en el futuro".
La respuesta de la oposición y de la Fiscalía General de Israel, un organismo que lleva años enfrentado a Netanyahu, ha sido inmediata, como también lo ha sido el inusual reproche al Ejecutivo lanzado por el presidente del país, Isaac Herzog.
"Las declaraciones de desobediencia a las sentencias del Tribunal Supremo perjudican la unidad nacional. Ya lo he dejado claro, y lo repetiré una y otra vez: la desobediencia a una sentencia judicial es una línea roja que no debe cruzarse bajo ninguna circunstancia", ha espetado en redes.
Por su parte, la fiscal general y némesis de Netanyahu, Gali Baharav-Miara, ha calificado la declaración del Gobierno como "otro grave intento de frustrar las resoluciones judiciales dictadas por el Tribunal Supremo (...) y de intimidar a cualquiera que intente aplicar dichas resoluciones o ampararse en ellas".
El pronunciamiento del Ejecutivo liderado por Netanyahu, ha agregado, "socava los principios fundamentales del Estado de derecho", según las palabras recogidas por el diario 'The Times of Israel'.
Al hilo, su asesor jurídico Gil Limon ha condenado también la decisión, que ha tachado de "normalización de las violaciones sistemáticas de la ley".
"La resolución del Gobierno, en esencia, implica que ignora el dictamen del tribunal. Con ello, el Gobierno quiere simplificar enormemente las cosas cada vez que se dicte una decisión que no le agrade", ha lamentado.
Más allá ha ido el líder de la oposición, Yair Lapid, aseverando que "el Gobierno se ha convertido hoy en delincuente". "No es casualidad que esta decisión llegue a pocos meses de las elecciones", ha planteado.
Críticas de la oposición
El líder del partido Yesh Atid ha denunciado que la decisión supone "la destrucción de nuestros cimientos democráticos" y ha advertido de que el Gobierno podría anular las elecciones si cree que va a perder escaños y no daría margen para un recurso judicial. "No somos perdedores. No vamos a ceder ante el intento de borrar la democracia israelí", ha advertido.
Lapid ha afirmado que hay "muchas formas" de combatir esta postura del Gobierno y ha mencionado que "los tribunales y el Ejército son los que deciden". "Recuperaremos el Estado de derecho desde el primer día", ha remachado, en alusión a la posibilidad de hacerse con el Gobierno en las próximas elecciones.
El líder del opositor Partido Demócrata, Yair Golan, ha descrito lo ocurrido directamente como un ataque directo al Estado de derecho en Israel. "Este es un Gobierno criminal que ha perdido el control", ha declarado Golan mientras que la presidenta del partido, Efrat Reitan, se ha declarado consternada por la negligencia de un Ejecutivo cuya ilegalidad ha superado "todas las expectativas".
"Un mandato que comenzó con un golpe de Estado judicial", ha declarado en referencia a la reforma impulsada en enero de 2023 por el primer ministro para limitar el alcance de los magistrados, "ha proseguido con miles de muertes y asesinatos, y va a terminar en un estado de anarquía que va a destrozar a este país".