Nicaragua aprueba una ley que castigará por actos terroristas a quienes dañen dañen bienes públicos o privados

La Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que había sido presentada por el Ejecutivo el 9 de abril, ha sido aprobada con 70 votos de la mayoría oficialista y sus aliados en el Congreso, y 11 en contra de la oposición, en la que se impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por ese delito.

Castigará a "quien cause la muerte o lesiones corporales graves a personas que no participan directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado o destruya o dañe bienes públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo".

Esta ley también sanciona la financiación al terrorismo con pena de 15 a 20 años de prisión "quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente licita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados" para cometer terrorismo.

También si el dinero es utilizado para agresiones contra personas internacionalmente protegidas, por delitos relativos a materiales peligrosos, toma de rehenes, delitos contra la seguridad de la aviación civil, delitos contra la navegación y la seguridad portuaria y/o cualquier otra conducta que sea prohibida mediante instrumentos jurídicos internacionales.

Además, serán sancionados quienes financien viajes de personas a un Estado distinto de sus Estados de residencia o nacionalidad "con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos".

Asimismo, a quienes financien la radicalización y/o el reclutamiento de personas para que realicen actos de terrorismo o integren organizaciones terroristas; así como quienes proporcionen o reciban adiestramiento con fines de terrorismo. Nicaragua está sumergida en su crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.