Crisis política en Perú
Perú, siete presidentes en siete años: suicidios, destituciones y un mandato de solo cinco días
Desde que Ollanta Humala, ahora procesado por corrupción, dejara el cargo en julio de 2016 se han sucedido otros seis presidentes con un muy breve mandato. La última, Dina Boluarte, quien también está siendo investigada.
La destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú aboca al país andino a un relevo precipitado que no es nuevo, en la medida en que la nación andina ha vivido en un constante terremoto político durante estos últimos años, con siete personas distintas en la jefatura de Estado en apenas seis años y medio.
De estos siete nombres, el mandato más largo fue el de Ollanta Humala, que gobernó de julio de 2011 a julio de 2016 y ahora está inmerso en un juicio por corrupción, una tónica recurrente en la etapa reciente de Perú. De hecho, el predecesor de Humala, Alan García, acabó suicidándose en abril de 2019, cuando iba a ser arrestado por el caso Odebrecht.
A Humala le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, que presentó su dimisión en marzo de 2018 cuando el Congreso se preparaba para votar por segunda vez una moción de censura en su contra, también por delitos de corrupción.
La caída de Kuczynski supuso el ascenso de Martín Vizcarra, víctima igualmente de su agrio enfrentamiento con el Congreso. Fue cesado en noviembre de 2020, después de que los legisladores intentasen en varias ocasiones apartarle del poder por acusaciones de diversa índole.
La vacante presidencial quedó cubierta por Manuel Merino, que pasó de liderar al Congreso a encabezar el país. Sin embargo, apenas duró cinco días en el cargo, ya que se vio forzado a dimitir tras una sucesión de protestas que se saldó con dos muertos.
La crisis fue resuelta con el nombramiento del diputado Francisco Sagasti, que ya desde un primer momento asumió que sólo estaría hasta la convocatoria de las próximas elecciones. Así, permaneció en el poder del 17 de noviembre de 2020 al 28 de julio de 2021.
Fue entonces cuando tomó posesión Pedro Castillo, al frente de una candidatura izquierdista pero con matices conservadores en lo social que ha terminado de saltar por los aires este miércoles, de nuevo tras un pulso con el Congreso que llevó al mandatario a intentar 'in extremis' una disolución del legislativo.
Dina Boluarte, también investigada
Tras la destitución y posterior arresto de Castillo, asume el poder su 'número dos', Dina Boluarte, que hará historia como la primera mujer en asumir la Jefatura de Estado en Perú.
El pasado 24 de octubre, Boluarte fue incluida en una investigación fiscal abierta por la supuesta financiación ilícita del partido Perú Libre, que llevó al poder a Castillo, para costear las campañas electorales de varios de sus integrantes. El fiscal del caso, Richard Rojas, señaló que la vicepresidenta abrió a su nombre una cuenta bancaria para recaudar donaciones que ayudasen al líder del partido, Vladimir Cerrón, a pagar la indemnización a la que fue condenado tras un proceso por corrupción. Rojas indicó, en ese sentido, que Boluarte presuntamente incurrió en "actos de lavado de activos que hayan tenido como objetivo financiar indebidamente su campaña política".
En respuesta, la vicepresidenta expresó su confianza en que "conforme vaya avanzando la investigación", la Fiscalía tendrá que retirarla del expediente, porque aseguró que su inclusión "no tiene ni pies ni cabeza".
El pasado 10 de octubre, la vicepresidenta también pidió al Congreso que archive una denuncia constitucional presentada en su contra por haber realizado trámites como presidenta de un club departamental de forma simultánea y por la contratación de uno de sus cuñados por una institución estatal.
Boluarte sostuvo que esas denuncias "tienen que ser archivadas", porque han sido "mal orientadas por la Contraloría -Tribunal de Cuentas-", ya que los trámites que hizo como presidenta del Club Apurímac fueron para dar por finalizada su gestión al haber asumido como vicepresidenta.
Aseguró, además, que "no conocía" que uno de sus cuñados ingresó a trabajar a la Contraloría General de la República (tribunal de cuentas) y que, por ese motivo, no consignó los trabajos de sus parientes en su declaración jurada de intereses. La vicepresidenta enfatizó que hay "sectores políticos" que buscan inhabilitarla del cargo "para luego intentar nuevamente" la destitución o inhabilitación y suspensión del presidente Castillo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el pasado 14 de junio un informe que declara procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta, que aún está pendiente de ser enviada para su debate y votación en el pleno del Congreso. Si esto sucede, Boluarte puede enfrentar una acusación de la Fiscalía de la Nación y ser apartada de los cargos que ocupe.