Portugal gravará los beneficios extraordinarios del sector de la distribución

El Gobierno de Portugal presentará un proyecto de ley para gravar los beneficios extraordinarios registrados en 2022 que, además de las energéticas, también alcanzará al sector de la distribución.

El primer ministro luso, António Costa, ha explicado que la norma busca tributar las ganancias "no esperadas" de un conjunto de empresas "que deben pagar los beneficios que están teniendo injustificadamente por esta crisis de inflación".

Así lo ha indicado el mandatario durante el debate del Presupuesto de 2023 en el Parlamento, donde ha respondido a una intervención del líder comunista, Jerónimo de Sousa, que acusó al Ejecutivo socialista de ponerse del lado de los "intereses de grupos económicos".

Costa ha precisado que la propuesta afectará a los beneficios de 2022, no a los de 2023, por lo que debe tramitarse fuera del Presupuesto del próximo año. El borrador de este ya incluye la creación de una tasa del 33% sobre los beneficios extraordinarios de los sectores del petróleo bruto, el gas natural, el carbón y la refinación.

Durante su intervención, Costa también ha defendido que la subida de las tasas de interés no ayuda a resolver la crisis inflacionista sino a aumentar el riesgo de recesión en Europa. "La crisis inflacionista en Europa resulta de la ruptura de las cadenas de abastecimiento y del aumento de los precios de la energía. Con la subida de tasas de interés no se resuelve esta crisis, contribuye a aumentar el riesgo de recesión en las economías europeas", ha argumentado.

El primer ministro ha asegurado además que, para el final de la legislatura, en 2026, la meta es que la deuda pública -ahora en el 126,7 % del PIB- baje del 100%.

Las cuentas de 2023 han arrancado este miércoles su tramitación en el Parlamento, donde los socialistas tienen mayoría absoluta. El Presupuesto incluye medidas dirigidas a alcanzar un aumento salarial medio del 5,1%, a través de reformas en el sistema de impuestos sobre los rendimientos del trabajo, incentivos fiscales para las empresas que revaloricen los sueldos y aumentos en la Administración Pública.

También habrá medidas para apoyar los costes derivados de la vivienda: así, se limitará al 2 % el aumento de los alquileres y será obligatorio para los bancos renegociar las hipotecas de familias cuya tasa de esfuerzo se agrave significativamente.