Los procesados por el 1-O piden que el Supremo cite como testigos al rey y a Rajoy

El rey Felipe VI, el expresident catalán Carles Puigdemont y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy no son las únicas personas que aparecen en la larga lista de testigos solicitada por varios líderes del "procés"; en la que también figuran otros nombres como Artur Mas, Ada Colau e Iñigo Urkullu.

A ellos se suman el exalcalde de Barcelona Xavier Trias; el exnúmero dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové; el actual conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró; o el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, acusado de rebelión en la Audiencia Nacional.

Todos ellos figuran en los escritos de defensa presentados ante el Tribunal Supremo por el abogado del exlíder de ANC Jordi Sànchez -para quien la Fiscalía pide 17 años de cárcel- y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, que se enfrentan a 16 años de prisión.

Los acusados asumen que la testifical de Felipe VI es complicada, dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le exime de declarar ante un tribunal, si bien presentan como alternativa la del jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín Alfonso. El siguiente en la lista de testigos es el expresidente Rajoy, seguido de Puigdemont, de quien solo especifican que declararía por videoconferencia desde su lugar de residencia actual, ubicado en Waterloo (Bélgica).

Puigdemont, fugado desde hace más de un año y procesado por rebelión, sería detenido en el momento en el que pise España, dado que sobre él pesa una orden de detención nacional. Su antecesor en el cargo, Artur Mas -que estuvo imputado en esta causa y a quien se eximió de responsabilidad-, es otro de los testigos solicitados, además de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dado que es "pública y notoria" su participación en las actuaciones del 1-O y del 20 de septiembre de 2017.

Otro nombre destacado es el del lehendakari Iñigo Urkullu por su labor de "intermediación entre ambos gobiernos" en los días previos a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. Destaca también el del actual consejero del Govern de Joaquim Torra, Jordi Puigneró (Políticas Digitales), en relación a varios ciberataques sufridos durante la consulta del 9 de noviembre de 2014, cuando era secretario de Telecomunicaciones del Govern.

Trapero, entonces responsable de los Mossos, y el exdiputado de JxSí Lluís Llach también figuran en la lista de testigos, este último por encontrarse en la Conselleria de Economía el día del acoso a la comisión judicial que la estaba registrando. Los acusados también quieren que declare el que fuera número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, considerado organizador del referéndum y a quien se le incautó el documento EnfoCATs y una agenda Moleskine, claves para desvelar la hoja de ruta independentista.

Y varios miembros del Consejo de Transición Nacional, el órgano asesor del proceso independentista disuelto por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Entre ellos sobresale el que fuera su presidente Carles Viver Pi-Sunyer, un exmagistrado del Tribunal Constitucional considerado el arquitecto jurídico del "procés", imputado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Reclaman también la comparecencia de la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Núria Llorach (también investigada en el juzgado de Barcelona), del Síndic de Greuges, Rafael Ribó; del exnúmero dos de la consellería de Gobernación Francesc Esteve; de la exdirectora de Contratación Pública, Mercè Corretja; y de Joan Angulo, entonces responsable del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI).

A ellos se unen hasta 60 personas que fueron a votar el 1-O y la exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusada de desobediencia en esta causa pero que será juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.