Cuarto días de protestas
¿Qué pasa en Georgia? El pueblo levanta la voz contra un presidente que rompe lazos con la UE y que quiere ilegalizar a la oposición
Georgia señala al Gobierno El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha anunciado que el país congela hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para su ingreso en la Unión Europea. "Hemos tomado la decisión de no poner en la agenda la apertura de las negociaciones hasta 2028", ha expresado Kobajidze.
Desde que Sueño Georgiano revalidará su victoria en las elecciones, Georgia se ha sumido en unas protestas sin precedentes contra las decisiones de un presidente que se aleja cada vez más de la adhesión del país a la Unión Europea. El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, ha anunciado que el país congela hasta 2028 el comienzo de las negociaciones para su ingreso en la Unión Europea. "Hemos tomado la decisión de no poner en la agenda la apertura de las negociaciones hasta 2028", ha expresado Kobajidze en una comparecencia de prensa. No solo eso, sino que también hasta 2028 el Gobierno georgiano "renuncia a todas las ayudas de la Unión Europea".
Una decisión que ha provocado cuatro jornadas de manifestaciones que previsiblemente iban a ser pacíficas; sin embargo, la violencia se ha apoderado de las calles de la capital, Tbilisi. Una violencia que ha venido a manos de los agentes de la seguridad. Varios miles de opositores europeistas se reunieron este domingo por cuarto día consecutivo ante al Parlamento de Georgia para exigir la celebración de nuevas elecciones parlamentarias y la dimisión del Gobierno, que decidió congelar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones de adhesión con la Unión Europea (UE).
Los manifestantes, muchos de ellos con banderas georgianas y de la UE, bloquearon la céntrica avenida Rustaveli, en la que se encuentra la sede del Legislativo, custodiada por destacamentos de fuerzas antidisturbios. Las tres protestas anteriores desembocaron en violentos enfrentamientos entre los opositores europeístas y los efectivos policiales, que emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para disolver las manifestaciones.
El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, ha afirmado en rueda de prensa que los participantes en las manifestaciones utilizan la violencia "de manera sistemática y provocan a los policías". "Han empleado formas graves de violencia, incluso han intentado de irrumpir en la sede del Parlamento", ha añadido, prometiendo que se investigarán algunos casos de uso excesivo de la fuerza por los efectivos policiales.
El jefe del Gobierno ha rechazado de plano la posibilidad de convocar nuevas elecciones parlamentarias, una de la principales demandas de la oposición, que ha denunciado como fraudulentos los comicios de octubre pasado. Según Kobajidze, "todos deben aceptar el hecho de que Georgia celebró elecciones democráticas y de que sus autoridades fueron elegidas democráticamente".
El presidente del Parlamento, Shalva Papuashvili, ha declarado a su vez que los participantes en las acciones de protesta no tienen derecho a ejercer la violencia. Papuashvili ha denunciado que durante las protestas de este domingo, las más violentas desde el jueves, sufrieron daños 48 oficinas de Legislativo debido al lanzamiento de bengalas, piedras y otro objetos contra el edificio.
El Gobierno amenaza con ilegalizar a los partidos opositores
El primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, ha amenazado con pedir al Tribunal Constitucional la ilegalización de los partidos opositores, a los que acusó de actuar abiertamente contra el orden legal vigente en el país. "Han actuado abiertamente contra el orden constitucional, lo que es un motivo para pedir al Tribunal Constitucional que declare anticontitucionales a los partidos opositores", ha expresado Kobajidze en una reunión del Gabinete de Ministros transmitida en directo por televisión.
Sin embargo, ha añadido que "hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos", tras afirmar que "todo está en manos del Gobierno". Al mismo tiempo, Kobajidze ha declarado su disposición a mantener un "sano debate" con los participantes en las protestas que estallaron el pasado jueves, cuando el Gobierno anunció la congelación hasta 2028 del inicio de la negociaciones de adhesión con la Unión Europea.