Por qué el proyecto de ley de Milei sobre la venta de tierras a extranjeros ha desatado una ola de protestas en Argentina

A Julián Pajarola le bastó una cancela cerrada para comprender que algo había cambiado. A finales de julio, el guía de montaña y esquí salió, como tantas otras veces, hacia el cerro Ezpeleta, en San Martín de los Andes. Había nacido allí, había crecido recorriendo esos senderos y ahora los transitaba al frente de grupos de excursionistas. Pero aquella mañana el camino terminaba en una valla. Al otro lado, un guardia de nacionalidad austríaca le impidió continuar por un paso utilizado desde hacía décadas. "Ahora hay un encargado nuevo de nacionalidad austríaca y fue él el que nos encontramos ese día y nos dijo que no podíamos pasar", relató en un video viral.

La finca donde fue detenido el grupo ocupa 1.672 hectáreas y figura a nombre de Gernot Langes-Swarovski, bisnieto del fundador del imperio austríaco de los cristales Swarovski y uno de los integrantes de la fortuna familiar. Solo en el departamento de Lácar, los Swarovski acumulan más de 3.800 hectáreas. La escena —un guía local al que le impiden acceder a una montaña de toda la vida por la decisión de un propietario extranjero— se convirtió en pocos días en el símbolo de un debate que vuelve a dividir a Argentina: quién puede comprar la tierra y hasta dónde debe llegar esa posibilidad.

Ese debate aterriza este jueves en el Congreso con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las grandes apuestas del Gobierno de Javier Milei. El proyecto incluía inicialmente el punto más controvertido de toda la reforma: eliminar los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Después, ante la falta de apoyos, el Ejecutivo trató de salvar la iniciativa proponiendo elevar del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras que podían quedar en manos foráneas. Pero tampoco fue suficiente. La presión política y el rechazo social obligaron finalmente al Gobierno a retirar ese capítulo para evitar una derrota parlamentaria.

La marcha atrás, sin embargo, no ha apagado la polémica. La ley mantiene otros cambios de gran alcance, como la agilización de los desalojos, mayores trabas para las expropiaciones impulsadas por el Estado y una reducción de las protecciones sobre terrenos afectados por incendios. Son precisamente estos puntos los que siguen concentrando las críticas de la oposición, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas.

El Gobierno defiende la reforma con un argumento económico: considera que la legislación vigente frena la llegada de capital extranjero. "La Ley de Tierras es para las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue para la minería", aseguró en mayo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, durante la presentación del proyecto. A su juicio, la norma actual "prohíbe la inversión extranjera directa en tierras, en el agro, en puertos y en la industria forestal". Según sus cálculos, flexibilizar esa regulación permitiría atraer inversiones cercanas a los 15.000 millones de dólares.

La Ley de Tierras Rurales fue aprobada en 2011, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de limitar la concentración de suelo en manos extranjeras. La norma fija un máximo del 15% de tierras rurales de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y municipal; además, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo y un mismo propietario no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola.

Milei ya intentó derogar esa ley mediante un decreto de necesidad y urgencia al comienzo de su mandato, pero la Justicia frenó la medida. El proyecto que ahora llega al Congreso representa su segundo intento de modificar un régimen que lleva más de una década vigente.

Según el Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino —más de 13 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Inglaterra— ya pertenece a propietarios extranjeros. La cifra está por debajo del límite legal, pero la distribución es desigual. En varias regiones con recursos estratégicos, como reservas de agua dulce, bosques, minerales, puertos o pasos fronterizos, la presencia de capital extranjero supera ampliamente la media. Y es precisamente ahí donde se concentra buena parte de un debate que va mucho más allá de quién puede comprar un campo: habla de soberanía, inversión y del modelo de país que Argentina quiere construir.

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