¿Puede ser apartado por los rusos?

Queda Putin para rato: puede ampliar su mandato hasta 2036 y casi no hay forma de cesarle

Las reformas constitucionales que ha llevado a cabo el presidente ruso y otros líderes de su confianza han derivado en la concesión de más poder para el Jefe del Estado y más tiempo para poder emplearlo.

El nombre de Vladímir Putin vuelve a resonar con fuerza y en forma de amenaza en occidente, y lejos está de perder el poder que ha sustentado sus últimas decisiones, como la invasión -y en consecuencia la guerra- de Ucrania o la movilización de sus "fuerzas de disuasión nucleares"ante las advertencias de la Alianza Atlántica. Desde que asumió por primera vez el liderazgo de Rusia, el máximo responsable de la nación ha hecho todo lo posible por asegurar su posición, empleando medidas cada vez más polémicas.

Para entender la magnitud del poder que ostenta Putin en la actualidad, así como su ambición política, es necesario remontarse a sus inicios en la dirección, hace más de 20 años. A finales de 1999, la repentina dimisión de Boris Yeltsin por un escándalo de corrupción lleva a Putin a ocupar de forma interina la Presidencia de la Federación de Rusia, conservando a su vez el puesto de jefe de Gobierno. En marzo del año 2000 se alza con el triunfo en las elecciones presidenciales, asumiendo el cargo hasta 2004 y, después, hasta 2008 tras revalidar los apoyos en unos nuevos comicios.

Las cosas empiezan a cambiar, precisamente, a partir de 2008. En ese año, Putin abandona la Presidencia de Rusia y se convierte en primer ministro de la nación. La 'culpa' de este cambio de posición la tiene la Constitución de la Federación de Rusia, que no permite ampliar su cargo como máximo responsable del país por más tiempo -en este momento, las legislaturas tienen una vida máxima de cuatro años hasta la nueva convocatoria electoral-. Así queda recogido, de forma escueta, en el tercer punto del Artículo 81 de la Constitución de la Federación de Rusia: "Una misma persona no puede cumplir más de dos mandatos seguidos".

Aunque un año antes, en 2007, ya admite abiertamente su posición a favor de alargar el tiempo de mando de Rusia a "cinco, seis o siete años", decide esperar para intervenir la Carta Magna. Dmitri Medvédev, hombre de confianza de Putin, gana las elecciones y se convierte en Presidente de Rusia. Ya en ese momento, la oposición acusa a Putin de maniobrar para que Medvédev le 'guarde' el puesto de cara a las siguientes elecciones. Lo cierto es que, en este periodo, la jefatura de Gobierno ahora comandada por Putin adquiere más competencias.

Mientras, Medvedev presenta oficialmente las enmiendas constitucionales para extender los mandatos presidenciales y parlamentarios a seis años a partir de la siguiente legislatura. La medida queda aprobada entre graves críticas a Putin, a quien acusan nuevamente de usar al recién nombrado líder para allanar su camino hacia una nueva legislatura a los mandos de Rusia por un periodo más largo, y queda inscrita en el primer punto del Artículo 81 de la reformada Constitución así: "El Presidente de la Federación Rusa será elegido por seis años por ciudadanos de la Federación Rusa en base a sufragio universal directo secreto".

Durante el cuarto mandato de Putin, Rusia votó en referéndum un paquete de enmiendas que le permitían presentarse a dos legislaturas seguidas más

Putin da de esta forma el primer paso para afianzarse en el cargo y, tal y como ya se preveía en toda Rusia, en 2011 -último año de Gobierno de Medvedev-, anuncia su candidatura para presidir por tercera vez el país. Lo vuelve a conseguir: en 2012 se corona con una amplia victoria y, de nuevo, entre duras acusaciones de fraude electoral; ahora, además, con una duración de seis años y con la posibilidad de ser reelegido por otros seis. Putin recupera el liderazgo de Rusia, esta vez hasta 2018 -es en este tiempo, por cierto, cuando más se tensa la relación con Ucrania y ordena la ocupación de Crimea-.

En ese año, es reelegido por cuarta vez con más del 75% de los votos (su mejor resultado electoral hasta la fecha). Todo un éxito, sí, pero se trata de su segunda legislatura seguida en este segundo periodo, y ante él asoma de nuevo el fantasma de la retirada obligatoria. Constitución en mano, a pesar de haber ampliado a seis años la duración de su administración sigue sin poder concurrir a las siguientes elecciones tras dos mandatos seguidos. No puede presentarse como candidato a los comicios de 2024. Sin embargo, una vez más trabaja para modificar las normas que así lo dictan. Y lo logra.

En julio de 2020, casi toda Rusia vota en un referéndum a favor de un paquete de hasta 200 enmiendas entre las que se incluye una que aumentará el poder adquisitivo de la clase trabajadora y otra que permitirá a Putin -únicamente a él- presentarse a dos mandatos adicionales cuando en 2024 termine su cuarta legislatura. Con esta reforma, el actual jefe de Estado podrá permanecer en el poder hasta 2036 -para cuando llegue esa fecha, tendrá 84 años-. Con este referéndum va más allá: esa serie de enmiendas también recoge otra que aumenta el poder de cualquier presidente ruso. Esto es, si Rusia ya albergaba un sistema que otorga a Putin un gran poder, tras el referéndum tiene más aún.

¿Puede Putin ser cesado o sufrir una moción de censura?

Atendiendo a su trayectoria política y las -cuanto menos- extrañas maniobras para extenderse en el poder, parece muy difícil que, a día de hoy, Putin pueda abandonar la Presidencia por su propio pie. También lo dice así el Artículo 92.2 de la Constitución de Rusia: "El presidente cesará el ejercicio de sus facultades anticipadamente en caso de que dimita, sea definitivamente incapaz de ejercer sus facultades por razones de salud o de que renuncie al cargo". Pero ¿recogen las leyes rusas otras fórmulas que planteen un escenario distinto al actual? En principio, también se antoja complicado.

Para valorar esta posibilidad, hay que trasladarse al Artículo 93.1 de la Carta Magna, donde se indica que el presidente "podrá ser destituido de su cargo por el Consejo de la Federación, únicamente por razones de haber sido acusado de traición al Estado, presentadas por la Duma de Estado, o de haber cometido otro delito grave". Esto debe ser "confirmado por la Corte Suprema de la Federación Rusa" atendiendo a la existencia de "indicios de delito" en sus acciones y "por la conclusión del Tribunal Constitucional". Tal y como se detalla en el segundo punto de ese mismo artículo, la iniciativa de presentar acusaciones contra Putin, así como la decisión de destituirle, dependen de la Duma del Estado y del Consejo de la Federación.

Pero ojo a cómo deben proceder ambos organismos: "La decisión de la Duma de Estado y del Consejo de la Federación deberá ser adoptada por dos tercios de votos del número total en cada Cámara y a iniciativa de no menos de un tercio de Diputados de la Duma de Estado y con la existencia de la conclusión de una Comisión Especial, formada por la Duma de Estado". Una fórmula que, ahora mismo beneficia a Putin, pues se da la circunstancia de que ni en la Duma ni en el Consejo de la Federación se alcanza ese mínimo requerido por la Constitución para siquiera presentar dicha propuesta, dada la mayoría que presenta en ambas cámaras el partido de Putin.

En caso de que sí dieran los números, la decisión de destitución adoptada por el Consejo "debería ser adoptada en un plazo de tres meses, a más tardar, después de haber sido presentada la acusación contra el Presidente por la Duma de Estado". Y se añade: "En caso de que en dicho plazo la Duma no adopte esa decisión, se considera que la acusación contra el Presidente fue denegada". Por tanto, parece que tampoco el Parlamento ruso cuenta con un poder equiparable al de Putin para, al menos, cuestionar su política nacional e internacional. ¿Existe alguna opción más?

Aunque mínima, la judicial. La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de pedir la apertura de diligencias por la invasión de Ucrania por parte de Rusia podría llevar a la investigación y el juicio de Putin y de su cúpula política y militar por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad. Su procesamiento podría abrir una brecha jurídica en el sistema federal ruso que permitiría, bajo supuestos muy concretos, juzgar al jefe del Estado en el país. Aun así, se entraría en otro escenario tan complejo como los anteriores. Lo resume el Artículo 91: "El Presidente de la Federación Rusa goza de inmunidad".

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