POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES CONTABLES
El Senado de Brasil aprueba el juicio político contra Dilma Rousseff
El Senado de Brasil ha
decidido seguir adelante con el proceso de 'impeachment' contra la presidenta
suspendida, Dilma Rousseff, a quien enviará a un juicio político por presuntas
irregularidades contables.
Tras aprobarse la semana
pasada con una holgada mayoría, 14 votos a favor y cinco en contra, en la
comisión especial para el juicio político de Rousseff, el pleno del Senado ha
aprobado este miércoles, tras cerca de 17 horas de votaciones, continuar con el
proceso, por 59 votos a favor por 21 en contra, según ha informado la Agencia
Brasil.
Para continuar con el
proceso era necesario el visto bueno de una mayoría simple, al menos 41 de los
81 legisladores, para obtener la aprobación definitiva. El resultado de la
votación se ha aproximado a lo esperado por el Gobierno del presidente en
funciones, Michel Temer, quien estimaba que recibiría unos 60 votos a favor del
juicio.
Ahora, ambas partes
tendrán que presentar en un plazo de 48 horas la acusación y la defensa, además
de un máximo de cinco testimonios. Ahora, el veredicto de la cámara alta será
enviado al Tribunal Supremo Federal (TSF) para que fije la fecha del juicio
político, que se celebrará en el Senado y estará dirigido por el presidente del
TSF, Ricardo Lewandowski, quien ya ha sugerido el 25 de agosto.
Si durante el
'impeachment' un mínimo de 54 senadores hallan culpable a la mandataria
latinoamericana, entonces será apartada definitivamente del cargo y será
inhabilitada para los próximos ocho años. El único precedente en Brasil es el
del ex presidente Fernando Collor.
Rousseff fue suspendida
el pasado 12 de mayo por el Senado para llevar a cabo una investigación de un
máximo de 180 días con el fin de decidir sobre el 'impeachment'. Desde entonces
Temer, su vicepresidente, gobierna de forma interina.
El Congreso investiga si
Rousseff incurrió en un "crimen de responsabilidad" al aumentar el
gasto público durante la campaña electoral para su ratificación en el cargo, en
2014, sin contar con el visto bueno del Parlamento, tal y como exige la
legislación brasileña.
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