"Solidaridad flexible": claves del nuevo pacto migratorio de la UE que permitirá pagar para no acoger

Tras años de estancamiento e intensas negociaciones, ya hay acuerdo en la Unión Europea para reformar la política migratoria común. Un nuevo Pacto de Migración y Asilo que permitirá a los países eludir la acogida de migrantes reubicados si pagan una compensación. Un mecanismo que ha sido bautizado como "solidaridad flexible".

Así, aunque este sistema obligará a los Veintisiete a responder ante un socio desbordado por la llegada de migrantes, les permitirá eludir la reubicación en su territorio pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace. El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos si pagan 20.000 euros por cada trasladorechazado o de medios o fondos por un valor equivalente.

Precisamente, uno de los caballos de batalla en las negociaciones era la exigencia de los países del sur de Europa de una solidaridad obligatoria en el reparto de las cargas por parte de todos los países de la UE, ante la resistencia de parte los países del norte y el este. Finalmente, el nuevo reglamento establecerá un mecanismo de solidaridad, pero 'a la carta'. Estas son sus claves:

• Reparto de la carga migratoria. Con el nuevo pacto, los Veintisiete se comprometen a reubicar a un mínimo de 30.000 solicitantes de asilo, refugio o protección internacional por sus circunstancias de especial vulnerabilidad. La UE distingue siempre este colectivo de quienes huyen de la pobreza o buscan prosperar: para ellos, la respuesta sigue siendo la devolución en frontera o la expulsión a su país de origen. El reglamento fija un presupuesto para atender esa solidaridad: 600 millones euros.
• Solidaridad... pero 'a la carta'. No todos los países están obligados a acoger a los migrantes reubicados: la solidaridad es obligatoria, sí, pero a la carta, de tal forma que cada país puede elegir entre acoger o pagar una cuota económica. También pueden optar por una combinación de ambas fórmulas.
• Reparto de la solidaridad. A cada país se le asignará una cuota de solidaridad en materia de asilo y protección internacional que en función de su población y su PIB. Ambas variables ponderarán por igual.
• Afluencia migratoria excepcional. Si un Estado miembro alega que afronta una afluencia excepcional de migrantes que colapsa su sistema nacional de asilo, aunque esté muy localizada en una región o isla -como ocurre en Canarias o la isla italiana de Lampedusa-, se establecerán mecanismos excepcionales de solidaridad con él, obligatorios, y se le eximirá total o parcialmente de sus obligaciones con respecto a los demás.
• Instrumentalización por terceros países. ¿Qué ocurre si un tercer país instrumentaliza a los migrantes para intentar desestabilizar a la UE? Si se produjera un caso como el de mayo de 2021, cuando miles de migrantes cruzaron la frontera con Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes en plena crisis diplomática entre España y Marruecos, los Veintisiete han acordado habilitar excepciones a los procedimientos de asilo y frontera. No obstante, se tendrá que tener n cuenta siempre, y de forma individual, a los niños menores de 12 años, las familias y las personas vulnerables.
• Rescates en el mar. Los reglamentos prevén que aquellos países que más responsabilidades internacionales asumen en búsqueda y rescate (SAR) en el mar verán reconocido este esfuerzo con un porcentaje adicional a la solidaridad a la que tienen derecho. En el caso de España, nuestro país es responsable de la seguridad de 1,5 millones de kilómetros de mar, el triple de su superficie como país. Un millón de kilómetros cuadrados de su zona SAR está en el Atlántico, desde Canarias hasta Mauritania.
• Tramitación de las peticiones de asilo. Los países frontera venían quejándose del sobresfuerzo que soportan porque la mayoría de las peticiones de asilo o protección se presentan en el país por el que la persona entra en Europa y el Tribunal de Justicia de la UE ha prohibido expulsar a los solicitantes de asilo mientas se tramita su expediente. Ahora, el procedimiento de solicitud de protección internacional será común a todos los Estados miembros y puede que no lo tramite el país de primera recepción. El solicitante no podrá elegir a qué país lo dirige, pero cabe asignar esa responsabilidad a cualquier país miembro teniendo en cuenta factores como si el solicitante tiene parientes, ha estudiado allí o habla su lengua oficial.
• Menores. En cuanto a los niños, se rebaja de 12 a seis años la edad a partir de la cual serán sometidos al mismo procedimiento de identificación policial que los adultos. Los acuerdos estipulan que el mejor interés del menor será criterio primordial en esos procedimientos y que los menores siempre tendrán derecho a pedir protección internacional.

Críticas de las ONG

Lo cierto es que el nuevo pacto migratorio no gusta a las ONG, que denuncian que restringe los estándares internacionales de protección. Así, Caritas Europa considera que no solo "no resuelve los problemas" sino que "limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección".

"Es probable que en los países fronterizos sometidos a tensiones se generalice la detención y se apliquen normas de acogida deficientes, incluso para los niños y personas con necesidades específicas", advierte la organización, que considera que el nuevo mecanismo de solidaridad 'a la carta' no soluciona la "creciente responsabilidad" que recaerá en los Estados fronterizos europeos y traslada las obligaciones a terceros países "exponiendo a los migrantes a violaciones de derechos humanos".

Por su parte, Médicos Sin Fronteras cree que el pacto "simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión" y Oxfam UE considera que lo acordado es "en muchos sentidos, mucho peor" y "un peligroso desmantelamiento de los principios clave de los derechos humanos y las leyes sobre refugiados".

La Plataforma de Inmigrantes Indocumentados (PICUM) también ha criticado la reforma, denunciando que "las personas no tendrán ninguna representación legal efectiva mientras se someten a procedimientos en las fronteras" y las personas que "recurran su orden de expulsión pueden ser deportadas mientras esperan una decisión". "Hemos perdido una oportunidad para defender y proteger a la infancia migrante", ha lamentado por su parte Save the Children, que afirma que el pacto "se olvida de los más vulnerables".

A su vez, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) cree que el acuerdo es "histórico", pero "por socavar el derecho de asilo y los derechos humanos en la UE" . Los valores de Europa, ha aseverado la entidad, "se hunden aún más" en el 2mismo mar donde pierden la vida miles de personas buscando refugio".