"PARA VELAR POR EL ESTADO DE DERECHO"
El Supremo de Venezuela, controlado por Maduro, deja sin poder a la Asamblea
El Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el presidente Nicolás Maduro, ha informado que a partir de ahora se encargará de las competencias de la Asamblea Nacional por su "desacato". Además, ha dejado claro que no podrán negociar condiciones.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha informado que asumirá por completo las competencias de la Asamblea Nacional --controlada por la alianza opositora Mesa de Unidad Nacional-- por considerar que la cámara legislativa continúa actuando en "desacato", ha informado la cadena de televisión Globovisión.
La decisión del alto tribunal ha llegado después de que admitiera un recurso de interpretación mediante una sentencia hecha pública, en la que determinó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, no tiene impedimentos para constituir empresas mixtas y, por tanto, no debe contar con el respaldo de la Asamblea Nacional para hacerlo.
En su fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia justifica su decisión de autorizar al Gobierno a crear empresas mixtas sin la aprobación del Parlamento por la "urgencia" de ese asunto y declara la conocida como "Omisión Inconstitucional parlamentaria".
Esta "Omisión Inconstitucional parlamentaria" conlleva que "no existe impedimento alguno" para que el Gobierno pueda crear empresas mixtas en aplicación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y que el Ejecutivo deberá "informar" al Supremo "de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República".
El Supremo establece, además, que la Asamblea Nacional "no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones" para las empresas mixtas que cree el Gobierno, lo que implica que no podrá alterar ni modificar las decisiones del Gobierno.
"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", ha asegurado, en su argumentación el alto tribunal.