ESTÁ RECOGIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Trump vuelve a la carga contra el derecho a ser estadounidense por nacimiento
Donald Trump quiere acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa electoral que ahora resucita. Aunque va a tenerlo difícil porque es un derecho recogido por la Constitución del país.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que está considerando "seriamente" acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, una vieja promesa de su campaña electoral que la oposición demócrata y muchos expertos consideran inconstitucional. "Estamos pensando en acabar con la ciudadanía por nacimiento muy en serio", ha asegurado Trump en declaraciones a los periodistas antes de emprender un viaje hacia el Estado de Kentucky.
"Francamente, es ridículo (...) Tienes un bebé en nuestro país, es decir, cruzas la frontera, tienes un bebé y 'felicidades, el bebé es ahora un ciudadano estadounidense'", añadió el presidente.
Trump ya prometió acabar con ese derecho cuando competía por la Casa Blanca en 2016, y el pasado octubre, durante la campaña de elecciones legislativas en EEUU, el mandatario recuperó la idea y aseguró que firmaría un decreto para implementarla, algo que finalmente no hizo.
La oposición demócrata le recordó entonces que sería necesaria una reforma constitucional para lograr ese objetivo, dado que ese derecho está amparado por la decimocuarta enmienda de la Carta Magna, aprobada en 1868 para conceder el estatus de ciudadano a los esclavos afroamericanos liberados.
Esa enmienda establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen".
El Tribunal Supremo respaldó ese derecho para los hijos de inmigrantes en 1898, pero la Casa Blanca subrayó el pasado octubre que la máxima instancia judicial nunca se había pronunciado sobre este tema en casos donde los padres del aspirante fueran indocumentados.
Trump no aclaró si su plan para acabar con ese derecho se basaría exclusivamente en su poder ejecutivo, pero si llegará a intentarlo por decreto, esa medida desencadenaría con toda seguridad en una batalla judicial que acabaría en el Supremo.