Turquía amplía el periodo de detención y las decisiones tomadas bajo el estado de emergencia quedarán impunes

Desde este sábado, los detenidos en el marco de la investigación que el Gobierno turco realiza para localizar a los implicados en el fallido golpe de Estado militar que tuvo lugar durante la noche del pasado 15 de julio, no podrán mantener reuniones confidenciales con sus abogados. Las autoridades podrán grabar e incluso restringir dichos encuentros. Además, sólo podrán recibir visitas de los cónyuges y de los familiares de hasta segundo grado.

Esta decisión ha sido publicada en el Boletín Oficial, donde también se ha informado de que el personal encargado de tomar decisiones bajo el actual estado de emergencia no podrá ser responsabilizado por sus prácticas y no recibirá ningún tipo de pena legal, administrativa o financiera.

En un decreto que ha entrado este sábado en vigor y cuyas medidas no pueden ser frenadas por ningún tribunal, se ha ampliado el periodo de arresto hasta un mes. Este periodo de detención provisional en el que los sospechosos son interrogados por la Policía antes de que se levante acusación formal contra ellos, estaba fijado en cuatro días antes del fallido levantamiento militar y, después, ya se amplió hasta los 8 días. "En la primera fase, el periodo de arresto (antes de acusación) será de 7-8 días; si hace falta pensamos que se podrá prorrogar", dijo el ministro de Justicia, Bekir Bozdag.

Según su colega del Interior, Efkan Ala, un total de 10.607 personas habían sido detenidas hasta el viernes por sospecha de estar vinculados a la intentona golpista o a las redes del predicador islamista exiliado en Estados Unidos Fetullah Gülen, a quien el gobierno acusa de haber orquestado la fallida asonada.