EN PLENA CRISIS POLÍTICA
Unas 5.000 personas protestan en Lima por los casos de corrupción en la justicia peruana
La Policía utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua para contener a los manifestantes en Perú cuando trataban de acercarse al Congreso. Es la tercera gran manifestación contra la corrupción en apenas un mes. Unas escuchas policiales han sido las que han desvelado una trama de tráfico de influencias y sobornos en el sistema judicial.
Miles de peruanos volvieron a salir por tercera vez a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra la corrupción de su clase política y judicial tras el último escándalo desvelado en las altas instancias de la judicatura.
Como en las anteriores ocasiones, la movilización convocada por organizaciones sociales, colectivos civiles y sindicatos fue secundada ampliamente por la ciudadanía en la víspera del día nacional de Perú, en el que se conmemoran los 197 años de su independencia.
En Lima, la marcha se desarrolló con un amplio despliegue policial, y entre los participantes estuvo la líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú, Verónika Mendoza.
A pocas horas de celebrar el aniversario de la independencia, muchos peruanos portaron banderas nacionales que sustituían el color rojo por el negro, en señal de duelo por la crisis que atraviesa el país.
Algunos se disfrazaron de jueces con cabezas de rata, mientras que otros portaron pancartas que reclamaban una asamblea constituyente para reformar los pilares del Estado peruano.
Las movilizaciones se replicaron en otras ciudades del interior como Cusco, Arequipa, Trujillo, Huaraz y Ayacucho, entre otras. En la sureña ciudad de Arequipa, los manifestantes invadieron la fuente que se encuentra en el centro de la plaza mayor para hacer un simbólico lavado de una bandera peruana gigante, la misma que consideran manchada por la corrupción de sus autoridades políticas y judiciales.
La movilización en la también ciudad sureña de Ayacucho estuvo acompañada de una huelga general que paralizó gran parte de la urbe durante toda la jornada.
Las protestas responden a la indignación generada en la población tras conocer la amplia red de corrupción, tráfico de influencias y favores instaurada en las altas instancias de la judicatura, y de la que participaban tanto magistrados como políticos y empresarios.
El enfado popular es todavía más fuerte si se tiene en cuenta la confianza depositada en el Poder Judicial para sancionar a su clase política, cuyos principales líderes están investigados por recibir presuntamente sobornos y pagos irregulares en el caso Odebrecht, además de por otras constructoras brasileñas.
El escándalo de corrupción judicial le costó el cargo al ministro de Justicia, Salvador Heresi, junto a sus dos viceministros y director general; además de al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y a los siete miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
También a cinco jueces de la Corte Superior del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos; mientras que el juez supremo César Hinostroza y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, están suspendidos.
El caso también salpica al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, al congresista fujimorista Héctor Becerril y al aprista Mauricio Mulder, entre otros.