Acuerdo cerrado

La Unión Europea logra acordar la primera ley del mundo para regular la inteligencia artificial

El acuerdo tendrá que ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Esta ley permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas.

Las instituciones de la Unión Europea pactaron este viernes la ley de inteligencia artificial que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas y que busca impulsar a la industria europea frente a gigantes como China y Estados Unidos.

El acuerdo llegó tras 36 horas de negociaciones y aún lo tendrán que ratificar el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, la institución que representa a los Gobiernos europeos. "¡Acuerdo!", ha escrito en las redes sociales el comisario de Industria y Servicios Digitales, el liberal francés Thierry Breton, junto a un gráfico para destacar que la Unión Europea es la única región del mundo con una regulación.

Después, en otro mensaje en X ha celebrado "la UE se convierte en el primer continente en establecer normas claras para el uso de la IA". El comisario ha asegurado esta ley permitirá "el lanzamiento para que las nuevas empresas y los investigadores de la UE lideren la carrera mundial de la IA": "Lo mejor está por venir".

Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo iniciaron el miércoles la que estaba llamada a ser la última ronda de negociación para un acuerdo que finalmente no ha llegado hasta última hora del viernes, tras superar los últimos escollos respecto a la vigilancia biométrica y el uso por parte de las fuerzas de seguridad.

Otra de las claves ha sido cómo introducir reglas específicas para los modelos fundacionales, como las plataformas ChatGPT o DALL-E, que vieron la luz después de que la Comisión Europea presentara su primera propuesta de regulación por lo que este capítulo se ha ido desarrollando en el curso de la negociación.

El objetivo de la nueva regulación europea es fijar estándares de seguridad y de derechos fundamentales que eviten que la tecnología se use con fines represivos, de manipulación o discriminatorios; pero sin que se traduzca en una hiperregulación que lastre la competitividad de la Unión Europea.

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