Crisis sanitaria
Hasta 12 comunidades ya han firmado convenios para derivar pacientes de COVID a la sanidad privada ante la saturación hospitalaria
De momento, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias y La Rioja no se plantean hacer uso de la sanidad privada en este sentido. La Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública cree que la factura de la privada debería invertirse en más camas y medios.
El sistema sanitario vuelve a estar desbordado. Con una ocupación igual o peor que en marzo, una docena de Comunidades han tomado la decisión de comenzar a derivar pacientes a centros de salud privados. En Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, Cataluña, Galicia y Extremadura, los gobiernos han decidido enviar a pacientes de coronavirus a hospitales privados. Por su parte, Euskadi, Castilla y León y Aragón han optado por trasladar a la sanidad privada solo pacientes no infectados.
Es decir, enfermos de otras patologías con el objetivo de desahogar la red sanitaria pública en sus respectivos territorios. Hay autonomías que, sin embargo, no han visto la necesidad de recurrir de momento al sector privado como método para disminuir la presión sanitaria pública. En este bloque se encuentran Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja. Cabe recordar que, ya antes de la pandemia, en todas las comunidades había acuerdos con empresas sanitarias privadas para algunas coberturas o para reducir listas de espera.
"Después de la primera ola no ha habido una recuperación de camas hospitalarias de una manera significativa", ha destacado Marciano Sánchez-Bayle, miembro de la Federación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. En esta ocasión, el coste por estos movimientos varía según el territorio. Así lo ha explicado Manel Peiró, director del Institute for Healthcare Management ESIDE: "La situación en cada comunidad autónoma no es igual. Más o menos se suelen guiar por unas pautas parecidas, pero una potestad de cada territorio".
De Madrid a Andalucía: este es el precio a pagar
En la Comunidad de Madrid, 40 clínicas y hospitales privados vuelven a estar al servicio de la sanidad pública, como ya ocurrió al inicio de la pandemia. Así, varios centros sanitarios privados y su personal quedan a disposición del Gobierno para hacer frente a la pandemia hasta el 28 de febrero, fecha que puede ampliarse. En el caso de los pacientes con coronavirus que sean derivados, el coste será de 734,25 euros por enfermo y día en planta y de 2.084,89 en el caso de ocupar una cama UCI.
La Comunidad Valenciana cuenta con una resolución por la que se ponen a disposición del Sistema Valenciano de Salud los medios, recursos, centros y establecimientos sanitarios privados, y mutuas de accidentes de trabajo. Los precios que se cobran se han determinado con arreglo a lo establecido en la ley de tasas de la Generalitat. Son 310,17 euros por paciente y día por una estancia no quirúrgica; y de 341 con intervención quirúrgica. Una estancia en aislamiento son 581,58 euros por paciente y día; y en la UCI, de 1.365,29 euros.
La Región de Murcia ha derivado a lo largo del mes de enero a 104 pacientes covid a centros concertados, en virtud del concierto que tiene establecido el Servicio Murciano de Salud con estos hospitales. El precio fijado por estancia y día es de 154,34 euros. El Gobierno foral de Navarra ha pactado con los centros privados "tarifas planas" de 4.908 euros por paciente en cama de planta y de 40.978 euros en cama de UCI, y en el caso de centros sin UCI de entre 519 euros diarios para los primeros diez días y de 209 a partir del día 22, con 232,94 euros al día si la estancia es con rehabilitación.
En Cataluña, el ingreso de un paciente covid en un hospital concertado, privado o en una mutua de accidentes de trabajo, durante más de 72 horas, con alta o fallecimiento, cuesta a la sanidad pública catalana 6.050 euros, sin estancia en la UCI, 1.050 euros más que la compensación establecida en abril de 2020. Estas tarifas han sido actualizadas por el Govern en la orden del 26 de enero del Departamento de Salud.
En Extremadura, la Junta está derivando pacientes a un solo centro privado, el hospital Clínica Ribera Santa Justa, en Villanueva de la Serena (Badajoz). La retribución por esta actividad oscila entre los 2.500 y los 5.000 euros para estancias de hospitalización, en función del tiempo, mientras que la asistencia y estancia en UCI asciende a 43.400 euros. El Servicio Gallego de Salud (Sergas) mantiene con la Asociación de Hospitales Privados (Ahosgal) las tarifas habituales de conciertos. No hay específicas para los pacientes covid. La media es de 102 euros para la hospitalización en planta y de 304,5 euros en UCI.
Baleares y Andalucía, las últimas comunidades en llegar a acuerdos con la privada
El País Vasco ha optado por un plan de contingencia que contempla derivar a centros privados a pacientes no infectados por covid para atender en la red pública a personas que sí lo tienen. A pesar del alza de casos, el Departamento vasco de Salud no ha tenido que recurrir a estas derivaciones, de cuyo coste no se ha informado.
Tampoco Aragón contempla hacer uso de la sanidad privada para atender casos de coronavirus aunque sí se ha recurrido a ella para otro tipo de intervenciones programadas. Los centros privados atienden a enfermos covid cuando se trata de asegurados. De las 788 personas hospitalizadas en Aragón, hay 50 en centros privados. Castilla y León mantiene una actividad quirúrgica del 32,14 por ciento y 54 quirófanos, que se eleva al 38,09 por ciento con 10 quirófanos de la privada.
Baleares ya ha firmado un convenio para derivar pacientes a clínicas privadas, también con el propósito de reducir la presión sobre la sanidad pública de las islas si la saturación hospitalaria es máxima. Según 'Mallorca Diario', este acuerdo será vigente hasta el 31 de marzo, y además este acuerdo también prevé la posibilidad de que en un centro hospitalario público surja "la necesidad de derivar a un centro privado a algún paciente con otra patología" por la presión sanitaria.
Y en Andalucía, el Gobierno de la Junta paga al sector privado hasta 178 euros al día por cada enfermo de Covid que se derive, y 750 euros por cada ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según órdenes del Ejecutivo andaluz, citadas por 'eldiario.es', sólo se enviarán a la privada a aquellas personas que mantengan una evolución favorable tras contagiarse y se encuentren "próximos al alta hospitalaria". Junto a ellos, a pacientes pluripatológicos para abaratar costes
Comunidades que no valoran hacer uso de la sanidad privada
Otras comunidades, como Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Canarias o La Rioja, no barajan echar mano de la sanidad privada y resuelven la situación con su red pública. Asturias, con un colchón de ocho hospitales públicos, no espera necesitar de la privada. Además, el Principado cuenta con centros asociados y dispositivos específicos como el levantado en la feria de muestras de Gijón, en el que hay ocupadas 72 de las 144 camas.
Castilla-La Mancha tampoco prevé recurrir al sector privado y se han instalado camas en pabellones y hospitales de campaña. En La Rioja, la adaptabilidad del hospital San Pedro en Logroño está permitiendo asistir a todos los pacientes hospitalizados por covid. El Gobierno riojano no contempla, en este momento, acudir al sector privado. Tampoco lo valora Cantabria que tiene en el hospital de Valdecilla, en Santander, un nuevo pabellón destinado a enfermos con covid. Esta nueva instalación supone 18 camas más de UCI, con lo que ya cuenta con 60.
Y en Canarias no se ha derivado a nadie al privado. Sostiene el Gobierno autonómico que mientras la sanidad pública disponga de capacidad de respuesta, y en estos momentos la tiene, no se recurrirá a la privada. En cualquier caso, hasta la fecha no ha habido ningún cambio significativo a estos efectos en la campaña de vacunación, cuya competencia corresponde al Ministerio de Sanidad. Así, de momento sólo se utilizarán centros de titularidad pública.