601 euros por circular sin autorización o 10.400 por montar fiestas: las multas de Interior por saltarse el estado de alarma

El Ministerio del Interior ha remitido a las Delegaciones de Gobierno un documento con sus propuestas e instrucciones para tramitar las sanciones impuestas a quienes incumplan las restricciones decretadas para frenar la expansión del coronavirus.

El documento, al que ha tenido acceso laSexta, contempla multas que oscilan entre los 601 euros y los 10.400 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza'.

En la comunicación se adjunta un cuadro con los "criterios de graduación de las propuestas de sanción" que comienzan con una primera propuesta de sanción de acuerdo a la 'ley mordaza' de 601 euros de multa para el "desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes".

Agravante por actitud inapropiada

El infractor puede enfrentarse a una multa más elevada por su "actitud inapropiada": 2.000 euros si hay "menosprecio" o 3.000 euros si hay "intimidación, cuando no constituya infracción penal", ya que también es posible recurrir al Código Penal, con la posibilidad de penas de cárcel. Este menosprecio se eleva todavía más, hasta 10.400 euros, en el caso de que el infractor muestre "violencia o amenaza".

Incumplir lo dictado por el real decreto del estado de alarma del 14 de marzo también puede conllevar multas de hasta 10.400 euros si hay "organización o participación en actividades en común, festejos o celebraciones", siempre que haya "nivel de riesgo elevado en virtud del número de personas, circunstancias y proximidad".

En las primeras cuatro semanas de confinamiento las fuerzas y cuerpos de seguridad habían multado por desobediencia a más de 650.000 ciudadanos y, según detalló hace días el ministro, todas las sanciones son remitidas a las delegaciones del Gobierno para su correspondiente tramitación por parte de un instructor.

En su circular a las delegaciones del Gobierno, Interior recuerda que el incumplimiento del estado de alarma "debe considerarse desobediencia a las órdenes dictadas por el Gobierno", teniendo en cuenta que "esos mandatos dirigidos a la ciudadanía han tenido amplia difusión", además de ser publicadas en el BOE.