¿A qué consecuencias se enfrenta Torra tras sustituir los lazos amarillos por simbología de otro color?

Los expertos coinciden. La sustitución de la simbología que se expone en las fachadas de los edificios públicos catalanes continúa desafiando el requerimiento de la Junta Electoral Central, que había demandado al president de la Generalitat su retirada.

"Es sustituir una forma de incumplimiento por otra forma de incumplimiento. En los edificios públicos tiene que haber neutralidad absoluta", ha considerado el jurista Javier Pérez Royo. El órgano administrativo ha solicitado a delegración de gobierno toda la información sobre el grado de cumplimiento.

En unas horas se reúnen para tomar una decisión que les compete en exclusiva. La propia Junta Electoral Central no podría ordenar a los Mossos d'Esquadra la retirada de los lazos ni de las pancartas. En palabras de Pérez Royo: "La JEC tendría que dirigirse al Tribunal Superior de Justicia catalán".

Además, el asunto podría elevarse a la fiscalía. El pulso de Quim Torra, Desoyendo los dos ultimátums, el president de la Generalitat podría llevar llevarle a enfrentarse a un delito de desobediencia. "Por simple demostración de neutralidad y de sentido común político tiene que retirar esos símbolos".

Por el momento, Ciudadanos ya ha presentado una denuncia a la Junta Electoral Central para que inicie un expediente sancionador a Quim Torra. "Es indignante que el separatismo se piense que los edificios públicos son suyos", ha criticado la presidenta de la formación naranja en Cataluña.

Por su parte, la fiscalía ya ha recibido la primera denuncia por esta cuestió. "Vamos a exigir el cumplimiento de la ley inmediata, eficaz y, sobre todo, contundente", ha expresado Josep Ramón Bosch, president de Societat Civil Catalana. Creen que el delito ya está cometido y, por tanto, piden que "como primera medida se tome declaración a Torra y, una vez se haga la investigación, se abra un juicio por desobediencia".

Así se manifestado Ramón de Veciana, miembro de Abogados Catalanes por la Constitución. Creen también que puede estar incurriendo en un delito contra un derecho fundamental de los ciudadanos al no respetar, según dicen, el periodo electoral.