La Abogacía del Estado ve un "claro sesgo acusatorio” en el informe de la Guardia Civil sobre el 8M

La Abogacía del Estado critica en su último escrito "el claro sesgo acusatorio” delinforme de la Guardia Civil sobre el 8M. El documento, al que ha tenido acceso laSexta, sostiene que la investigación del instituto armado no recoge "análisis de evidencias científicas" sino "referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa" y añade que se basa en "continuas sospechas y comentarios suspicaces".

El órgano ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid un recurso de reforma a la providencia de imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en la que se pide que se anule su declaración, prevista para el 10 de junio y que ya ha sido aplazada, puesen un primer momento se fijó para el 5 de junio.

El escrito critica que el forense relacione la propagación del coronaviruscon las manifestaciones y se muestra tajante: "Negamos la mayor". Así, destaca que el forense sienta, "como hecho incontrovertido", que las manifestaciones, sin especificar cuáles, "han podido causar una amplia difusión de la enfermedad".

Falta de criterio científico o técnico

"Esa afirmación no tiene ningún sustento científico ni técnico y el Forense no la razona, ni argumenta ni la apoya en ningún dato objetivo. Tampoco sabemos a qué se refiere con 'amplia difusión'”, argumenta la abogada del Estado Rosa María Seoane, que continúa señalando que es una afirmación "apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea

frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid".

El recurso señala que a tenor del informe de la Policía Judicial, que no la providencia que, apunta, nada dice al respecto, "parecería que lo que se persigue, lo sospechoso y lo criminalmente reprobable es gestionar la desconvocatoria voluntaria por los organizadores de una concentración en un momento, a partir del día 9 de marzo, en el que la situación epidemiológica en Madrid cambió de forma sustancial".

La juez Carmen Rodríguez-Medel imputó a Franco por no haber prohibido manifestaciones masivas como la del 8M tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, dirigida contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra todos los Delegados de Gobierno por permitir estos actos masivos.

Para la imputación, la juez se basó en este informe de la Guardia Civil que mantiene que desde el 5 de marzo no se debería haber celebrado ninguna manifestación desde el 5 de marzo y que las autoridades sabían de los riesgos. Sin embargo, se trata de una investigación cargada de errores, imprecisiones, bulos e información incorrecta y que la Abogacía ha rebatido señalando que "es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas".