Cuestión de inconstitucionalidad
La Abogacía del Estado se opone al recurso del Supremo por la ley de amnistía: "Se basa en criterios políticos"
La Abogacía del Estado se ha opuesto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la amnistía a los dirigentes del procés al considerar que sus argumentos son "ideológicos y políticos y no técnico-jurídicos".
La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Constitucional que rechace la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo respecto a la aplicación de la amnistía a los dirigentes del procés. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la Abogacía se dirige al Alto Tribunal detallando a los largo de 37 páginas los diferentes motivos por los que considera que el Supremo se basa en criterios "ideológicos" en dicha cuestión y se solicita su desestimación. La cuestión, planteada el pasado mes de julio, "no solo no acredita cómo el precepto impugnado genera inseguridad jurídica, sino que, adicionalmente, se basa en criterios estrictamente ideológicos y no técnico-jurídicos", dice el escrito.
El Pleno del Constitucional admitió a trámite el pasado mes de septiembre la cuestión de inconstitucionalidad que había planteado la Sala Penal del Tribunal Supremo por sus dudas respecto al encaje de la norma en la Constitución. Sin embargo, la Abogacía del Estado se ha posicionado en contra desmontando los argumentos del Supremo.
El escrito, con fecha de 2 de octubre, apunta a que el Supremo "desarrolla una serie de argumentos de carácter político y doctrinal" en su cuestión, que "exceden sobradamente el carácter jurídicoconstitucional" propio de una cuestión de inconstitucionalidad. El recurso "habla en términos futuros, basándose en elucubraciones sobre posibles mayorías parlamentarias correspondiente a unos grupos u otros dentro de las Cámaras, pero no a una aplicación especifica del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona".
La cuestión de inconstitucionalidad es un mecanismo definido en la Constitución Española que tienen los jueces y tribunales cuando consideran que una ley es contraria a la Carta Magna.