LOS PROPIETARIOS SE ENFRENTAN A SANCIONES DE 30.000 EUROS
Ada Colau cerrará 356 pisos turísticos ilegales y amenaza con multas de hasta 600.000 a plataformas como Airbnb
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, cerrará 256 pisos ilegales en la ciudad condal. Propietarios y portales de alquiler irregular por Internet recibirán multas de 30.000 euros que, en el caso de las empresas, podrían ascender a 600.000 si siguieran publicando los anuncios. Se trata de un plan de choque del Ayuntamiento.
Barcelona encabeza la lucha contra los pisos turísticos ilegales con el cierre de 256 viviendas y multas de hasta 600.000 euros. Persigue casi puerta a puerta y amenaza con multas muy fuertes a las webs que los anuncian si no tienen licencia. Lo cierto es que en España la legislación es muy variopinta, pues hay sitios en que sólo se pueden alquilar si el propietario también vive allí.
Para los vecinos de Barcelona el cierre de 256 pisos ilegales que anuncia el Ayuntamiento es insuficiente. "No sabemos cuánto tardarán en ejecutar esos cierres, porque cuando cierran unos, se abren otros", explica una vecina.
Tras investigar las denuncias que pusieron habitantes y turistas, el Consistorio cierra los pisos y multa a sus propietarios. "Recibirán la orden de cese de la actividad, además de una sanción de 30.000 euros", informa la teniente de alcalde de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz Cid.
Para que el apartamento sea legal, el requisito común en toda España es declarar a Hacienda los ingresos del alquiler. Pero cada comunidad autónoma tiene otros específicos. En Canarias, sólo se puede alquilar si el piso no está en las zonas turísticas, Andalucía lo permite si el propietario reside en la vivienda y Cataluña exige que el alojamiento tenga licencia y esté asegurado. Algo, que plataformas como 'Airbnb' piden a sus usuarios.
Pero no basta con pedir, si estas páginas continúan publicando anuncios de viviendas sin licencia pueden terminar con multas de hasta 600.000 euros. Los propietarios de apartamentos legales creen que el problema es que se dan pocas licencias. "Hay que inspeccionar y sancionar, pero por otro lado hay que permitir la legalidad", asegura el presidente de Apartur Enrique Alcántara.
Plataformas como 'Homeaway' ya han anunciado que recurrirán ante el Ayuntamiento porque no pueden supervisar lo que hagan los propietarios. Creen que la legislación actual se queda obsoleta para las nuevas formas de consumo.