delito de injurias
El agitador ultra Vito Quiles se reafirma en sus acusaciones a un funcionario y dice que tenía "información veraz confirmada por tres fuentes"
Los detalles En su querella el funcionario mantuvo que Quiles difundió su nombre completo y una fotografía, lo que le puso en riesgo e "incrementó exponencialmente el daño causado" al provocar "una persecución pública".
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Vito Quiles, conocido agitador ultra, ha negado ante la jueza que su intención fuera calumniar a un funcionario del Ministerio de Trabajo, afirmando que la información sobre su supuesto pasado delictivo es veraz y confirmada por tres fuentes. Quiles, acusado de injurias, se ha reafirmado en sus declaraciones y ha solicitado diligencias para probar su veracidad. El funcionario afectado ha presentado una querella, alegando que Quiles reveló su identidad y fotografía, lo que provocó una persecución pública. La defensa del querellante exige 50.000 euros por daños morales. Quiles enfrenta otras causas legales, incluyendo una querella de Renfe por supuesta estafa.
* Resumen supervisado por periodistas.
El agitador ultra Vito Quiles ha negado ante la jueza que quisiera calumniar a un funcionario del Ministerio de Trabajo. Está acusado de un delito de injurias porque afirmó que este trabajador público había estado en la cárcel por un delito de agresión sexual y que al salir la vicepresidenta Yolanda Díaz le dio trabajo. Algo que este lunes ha reiterado en su declaración. Ha dicho que se trata de una información veraz que confirmó por tres fuentes.
Según han trasladado fuentes presentes en la declaración a laSexta, Quiles se ha ratificado en las acusaciones y ha dicho que era "una información veraz que obtuvo a través de tres fuentes distintas", por lo que ha rechazado que pueda constituir un delito de injurias o calumnias.
De esta forma, se ha reafirmado en que este funcionario estuvo en la cárcel por un delito de agresión sexual, que salió y que la vicepresidenta Yolanda Díaz le dio trabajo en el Ministerio. La defensa ha anunciado que va a pedir diligencias para demostrar la veracidad de esas afirmaciones
Quiles ha comparecido con casi una hora de retraso ante la jueza de Madrid que ordenó en su día su detención por un presunto delito contra el honor de este funcionario, que presentó contra él una querella en la que niega que sea asesor de la ministra Yolanda Díaz.
El agitador solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Juan Gonzalo Ospina, y ha asegurado que su intención era informar a la opinión pública y que no pretendía ofender a nadie. Además, ha añadido que ofrece sus disculpas en el caso de que la información no sea correcta.
En su querella el funcionario mantuvo que Quiles difundió su nombre completo y una fotografía, lo que le puso en riesgo e "incrementó exponencialmente el daño causado" al provocar "una persecución pública" con cientos de reacciones y comentarios de usuarios de las redes profiriendo "insultos, vejaciones y amenazas".
Por estos hechos, la representación legal del querellante reclama a Quiles el pago de 50.000 euros por daños morales y profesionales. En esta causa Quiles fue citado en un primer momento para prestar declaración el pasado 9 de junio y posteriormente el 25, pero, al no acudir, la jueza dictó un auto en el que ordenaba su detención por sustraerse a la acción de la Justicia.
En virtud de esa medida cautelar la Policía Nacional se presentó el pasado día dos en la oficina de Estado de Alarma (EDATV), donde trabaja el activista, para detenerle, pero los agentes no consiguieron localizarle y posteriormente la jueza levantó la orden de búsqueda y captura ante la disposición del querellado a comparecer.
Esta causa se suma a las otras cuatro que el agitador tiene abiertas en distintos juzgados, una de ellas tras una querella de Renfe por un supuesto delito de estafa al detectar al menos 17 viajes en AVE en los que habría comprado billetes para trayectos cortos —como de Alicante a Albacete—, pero continuaba viajando hasta Madrid.
El resto de procedimientos se deben a la presunta revelación de secretos y acoso a la exministra Beatriz Corredor, injurias a Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores Facua, y un presunto delito de odio por mofarse de una mujer con discapacidad que se manifestó contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 2024.