Defiende la gestión de Prada

Aguirre y el Campus de la Justicia, abandonado tras gastar 355 millones: "Pensamos esto no nos va a costar, pero nos costó"

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre cita entre los apoyos al Campus de la Justicia, abandonado tras cuatro años y un gasto de 355 millones de euros, al Gobierno de Zapatero, a la vez que respalda la gestión de Alfredo Prada.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha asegurado que "todo el mundo apoyaba" la idea de levantar un Campus de la Justicia que reuniera en un mismo espacio todas las sedes judiciales madrileñas, como se había hecho en Barcelona o Valencia, ha apuntado.

"Cuando digo todo el mundo, era todo el mundo de la Justicia, todas las entidades, desde el fiscal general entonces y actual presidente del Tribunal Constitucional, al presidente del Supremo, todos", ha indicado la exdirigente del PP al declarar como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades del Campus de la Justicia al adjudicar contratos.

Sobre el presupuesto con que se contaba, Aguirre ha explicado que, cuando se concibió el proyecto, "pensamos que era imposible" hasta que se obtuvo una cesión de terreno gratuita en Valdebebas con una extensión de "varios campos de fútbol" con posibilidad de alojar varios edificios que se unirían a través de túneles subterráneos, infraestructura esta última que ha señalado que también se construyó. "Fue a 'grosso modo', nunca hicimos una cuenta", ha admitido Aguirre a preguntas de la presidenta del tribunal, a la que ha vuelto ha relatar que el presupuesto se basó en el dinero que se obtendría de las subastas de los edificios de las sedes judiciales que se trasladarían al Campus, ya que en una primera que se hizo sacaron más del doble. "Pensamos que ancha es Castilla, esto no nos va acostar, pero nos costó".

Además, Aguirre ha señalado que también el ministro de Justicia del entonces Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dijo que era algo que había que hacer. "Y también, cuando pusimos la primera piedra, en la foto estaba todo el mundo de la Justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo, no era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí", ha defendido.

La expresidenta madrileña ha señalado que convenía que todas las sedes judiciales estuvieran agrupadas, antes de volver a insistir en que "todo el mundo, los partidos y los números unos de las judicaturas, estaban de acuerdo".

La gestión de Prada fue "muy buena"

Ha dicho que no cesó en 2008 como vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior a Alfredo Prada, principal acusado en este juicio, por su gestión, que "fue muy buena", sino por motivos políticos, porque él se aproximó al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, con el que Aguirre discrepaba.

La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Alfredo Prada, entonces vicepresidente segundo de Aguirre y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo de la empresa pública que gestionaba el proyecto. Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad.

Un proyecto abandonado tras gastar en él 355 millones de euros

Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros. Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".

"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", señaló.

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